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El CAT estudia si el presunto fraccionamiento indebido se ha dado por una «interpretación errónea» de la normativa

El presidente del consorcio defiende el refuerzo del área de contratación y la apuesta por la transparencia en su mandato

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El Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) estudia si el presunto fraccionamiento indebido de contratos durante el ejercicio del 2018 detectado por la Sindicatura de Cuentas responde a una «interpretación errónea» de la norma, según ha indicado el presidente del ente, Joan Alginet. El órgano fiscalizador asegura en un informe que varios elementos de hardware y material informático se compraron «directamente» y «sin un procedimiento de publicidad y concurrencia, aunque en el caso de algunos proveedores se superaba el importe de la contratación menor». En un comunicado, el CAT afirma que está investigando la naturaleza de esta contratación, valorada por la Sindicatura en 22.269 euros, de un presupuesto total anual, recuerda el ente, de 41,3 millones aquel año.

Alginet ha querido subrayar que, en todo caso, durante su mandato el CAT ha reforzado el área de contratación y ha apostado por la «máxima transparencia». En concreto, y según se explica al comunicado, desde mayo del 2022 se ha reforzado el área de contratación y el área de cumplimientolegal por un mayor control interno y la mejora de los procedimientos.

«He tenido la oportunidad de participar en sesiones de trabajo con la Sindicatura y la percepción general que se me ha transmitido es que el CAT trabaja correctamente de acuerdo con su naturaleza jurídica», ha añadido Alginet.

«Este tipo de informes te permiten detectar opciones de mejora e implantarlas, y eso es lo que estamos haciendo desde hace más de un año», ha justificado al presidente del CAT.

En el informe, la Sindicatura de Cuentas nombra otras incidencias. Entre ellas, asegura que el CAT no le envió los contratos, y que tampoco los envió al Registro Público de Contratos, en contra de lo que dispone la normativa. Además, se expone que algunos de los contratos analizados superan el plazo de prórroga establecido por la normativa.

Por otra parte, la Sindicatura de Cuentas detecta que el CAT habría recaudado el canon por cuenta de la Generalitat y, por lo tanto, los ingresos por venta de agua «tendrían que estar minorados».

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