Actualizada 19/05/2022 a las 20:58
Según el pliegue de prescripciones técnicas que tienen que regir el contrato, los vigilantes tendrán que proteger a los trabajadores cuando tengan que hacer tasas de suspensión del suministro del servicio de agua potable por impagos, desconexión de conexiones fraudulentas al servicio, reconexión de servicios suspendidos o trabajos en zonas que impliquen riesgo de agresión física a los trabajadores de Ematsa.
La empresa ha remarcado que estas situaciones de riesgo para los trabajadores se producen un par de veces al año, aunque no han registrado ningún incremento de los actos violentos. A pesar de todo, se considera necesario recurrir a la presencia de escoltas como medida preventiva, ya que el objetivo es velar y garantizar la seguridad del personal de Ematsa.
Colaboración
Los motivos de la decisión consisten en poder disponer de esta ayuda cuando haya necesitado, ya que antes el servicio se hacía pidiendo la colaboración de las policías locales de los municipios implicados. En estas situaciones, había que coordinar las disponibilidades de los cuerpos policiales con las necesidades de la compañía suministradora, mientras que de esta manera se espera que las actividades se puedan hacer con más agilidad.
Con todo, Ematsa ha recordado que en los casos de personas en situación de vulnerabilidad económica la empresa dispone de mecanismos que, en coordinación con los servicios sociales municipales, pueden garantizar el suministro de agua. Por una parte, con bonificaciones sobre la tarifa, y de la otra, con un Fondo Social dotado de 150.000 euros ampliable en caso de necesidad. El precio de licitación del contrato es de 12.852,96 euros. Se actuará de acuerdo con el departamento de Interior.
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