A juicio una joven y su madre acusadas de tirar un recien nacido dentro de un contenedor en Tarragona

La joven se quedó embarazada a mediados del 2019. El nacimiento de la criatura, de padre desconocido, se produjo en una habitación del domicilio familiar en una fecha no determinada, entre el 3 de marzo y el mes de abril de 2020.

El escrito de acusación recopilación que la chica, justo después de dar a luz a la niña, tapó la boca y la nariz de la pequeña «con intención de causarle la muerte, consiguiendo que dejara de llorar, pero sin llegar a acabar con su vida».

Después, «escondió al bebé dentro de un armario de la vivienda» hasta el día siguiente.

Abandonada a un contenedor

El día siguiente la abuela del bebé lo cogió, cuando todavía estaba vivo, salió a la calle y «con ánimo de causarle la muerte o sabiendo que con su actuación le causaría, dado el estado en que se encontraba el bebé, después de horas sin recibir alimento, lo tiró a un contenedor de la basura», expone el escrito. «De esta manera, las dos acusadas consiguieron acabar con la vida de la reciennacida», sostiene al fiscal.

El Ministerio Público también remarca que las dos mujeres se encontraban en plenas facultades mentales a la hora de cometer estos hechos y relata los intentos para abortar por parte de la joven embarazada, que entonces tenía 18 años, iba a clases a un centro de formación de adultos y dependía económicamente de sus padres. Pero no pudo interrumpir el embarazo porque ya se encontraba en un estado muy avanzado.

Una gestación en secreto

El familiar más directo del bebé es el abuelo, al que las acusadas le ocultaron el embarazo por «temor». «Conscientes de que la interrupción legal del embarazo no parecía factible, decidieron continuar con la gestión en secreto, sin llevar ningún seguimiento médico ni comunicarlo a servicios sociales, y que una vez naciera el bebé, lo matarían y se desharían del cadáver».

El abuelo -marido y padre de las acusadas- no reclama por estos hechos. Por otra parte, sin embargo, el Ministerio Fiscal impone a las acusadas una indemnización de 7.000 euros para los tíos -hermanos de la madre de la pequeña e hijos de la abuela-, todos menores de edad y bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat.