Tarragona pide la implicación de la administración con los extutelados

El Ayuntamiento de Tarragona pidió ayer la implicación de la Generalitat de Catalunya y del Estado español para abordar la situación en que se encuentran los jóvenes migrantes extutelados de Tarragona los cuales, según Manel Castaño, concejal de Seguridad, «se ven abocados a la marginalidad una vez cumplen la mayoría de edad». Si bien el edil de ERC reconoció que los episodios de violencia vividos en la ciudad durante los últimos meses, el más reciente de los cuales fue el apuñalamiento del martes por la noche, responden a un problema de seguridad, señaló que principalmente nacen de la situación de desamparo de este colectivo de ex-MENA (Menores extranjeros no acompañados). En este sentido, tanto Castaño como Carla Aguilar, concejala de Servicios Sociales, afirmaron que hay que abordar la cuestión de manera transversal, «con la complicidad, la colaboración, la responsabilidad y los recursos, no sólo del Ayuntamiento, que es la administración más próxima, sino también con la Generalitat y el Estado español», comentó el concejal de Seguridad.

Concretamente, reclaman que la reforma de la Ley de Extranjería, con respecto al régimen de menores no acompañados, en la cual, según Castaño, el gobierno español ya ha empezado a trabajar. Además, el edil de ERC defendió que ya se llevó a cabo un primer encuentro el día 20 de abril con los departamentos de Adolescencia e Infancia, de Inmigración y de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, a raíz de los primeros episodios violentos en los cuales participaron miembros de este colectivo, para establecer estrategias y buscar soluciones a esta problemática y defendió que, a la espera de reanudarlas con el nuevo gobierno, ya se establecieron las «líneas maestras» que hay que trabajar. «Lo que estos jóvenes necesitan son espacios de convivencia y formación, una vivienda, y que tengan normalizada la situación legal, es decir, encauzar su trayectoria vital con inserción laboral y la regularización de sus documentos», señaló Castaño, que añadió que «en estas cuestiones se pueden verter los recursos necesarios por parte de las diferentes administraciones que tienen competencia en estos ámbitos».

Por su parte, Aguilar mostró su «profunda preocupación» por esta situación «porque es un problema multidisciplinar y, por lo tanto, se tiene que abordar de manera transversal», y señaló también que «no es sólo una cuestión de seguridad». En este sentido, la concejala de Servicios Sociales y presidenta del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona lamentó que «estos jóvenes viven en una situación de falta de expectativas, de imposibilidad de tener permisos de trabajo en muchos casos, imposibilidad de acceder a viviendas y a itinerarios de inserción sociolaboral y, por lo tanto, toda esta frustración es la semilla que genera después todos estos episodios». Además, Aguilar relacionó esta falta de expectativas como resultado de unas políticas «en las que Generalitat y Estado van con retraso», y pidió una intervención «mucho más clara y que nos dé herramientas para que estas situaciones no se den ahora ni se reproduzcan en futuras generaciones».

Aguilar comentó también que desde el inicio del mandato, los Servicios Sociales municipales han abordado esta situación, «que nos preocupaba ya de entrada». En este sentido recalcó que hay un equipo de intervención específico por el contexto que vive el colectivo de extutelados y este trabajo «ha hecho posible que tengamos conocimiento de la situación y que contemos hoy con un piso de transición para poder dar salida a estas personas de la calle».

Con todo, Servicios Sociales tiene calculado que ha un centenar de estos jóvenes migrantes extutelados, de los cuales sólo 30 forman parte del programa de atención Techo 360, de la Fundación Eveho. Por otra parte, Aguilar defendió que «desde Servicios Sociales lo que hacemos es ofrecer recursos muy personalizados hacia estos jóvenes. Con el equipo de tres educadores sociales analizamos cada caso concreto y buscamos cuáles son los recursos que hacen falta para estas personas y trabajamos desde la parte de vivienda, de inserción laboral, de ayudas de urgencia, la parte de comedores, etc.», y añadía que «todos los recursos con los cuales contamos los ponemos a disposición de las personas que quieran venir».

El mensaje que finalmente quiso dar Castaño a la ciudadanía es que «estamos trabajando mucho en esta problemática, es una situación para la cual queremos encontrar una solución y no estamos de brazos cruzados, ni mucho menos. Es una de las herencias que hemos recibido en la ciudad y que queremos revertir».

Por su parte, en declaraciones al DiariMés, el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, comentaba que «los jóvenes extutelats tienen una situación dificilísima. Están muy lejos de casa, solos, y estos problemas se producen y se producirán mientras no se vaya a la raíz del problema. Los jóvenes necesitan vivienda, trabajo y formación con el fin de integrarse» y añadía que «el navajazo de ayer no es ningún punto de inflexión, ya tenemos dispositivos de seguridad coordinados entre la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra». Paralelamente, la concejala Cristina Guzmán, de Junts, también considera «urgente e imprescindible» que «todas las administraciones ejerzan sus competencias y sumen esfuerzos».

El joven que el martes por la noche recibió el navajazo en el cuello por parte de otro chico extuteladoen la PartAlta sigue ingresado en la UCI del Hospital Universitario Joan XXIII, pero ya no se teme por su vida y evoluciona favorablemente. El motivo de la pelea entre los dos jóvenes fue un tema económico y los Mossos todavía buscan al agresor para detenerlo.