El juez deniega la personación del Ayuntamiento de Tarragona en el caso Inipro
Están imputados el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, varios concejales socialistas, cargos relacionados con este partido, directivos de la empresa Inipro y el PSC
Imagen de archivo del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, cruzando la puerta de los juzgados después de declarar como investigado por el caso Inipro el 26 de enero del 2016.
El juez que instruye el caso Inipro, de presunto desvío de fondos del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSS) al PSC, ha denegado la personación del Ayuntamiento de Tarragona como acusación particular.
El juez, según la documentación a la que ha tenido acceso Efe, deniega la personación del Ayuntamiento de Tarragona por extemporánea, al presentarla en un momento procesal posterior a la calificación del delito.
Además, el magistrado considera que el perjudicado es el IMSS y no el ayuntamiento, tal y como habían alegado varias defensas de los nueve acusados.
«Habrá de rechazarse tal personación sin que en ningún caso deba entenderse que vulnera la tutela judicial efectiva», concluye el juez, en una resolución que no es firme.
Se da la circunstancia que el ayuntamiento es la parte que más testigos proponía, con unos 60, entre ellos el exsubdelegado del Gobierno, Josep Maria Abelló, varios agentes de la Guardia Civil que practicaron los registros y un auditor de cuentas del Estado.
La CUP es la denunciante del caso por el que están imputados el exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, varios concejales socialistas, cargos relacionados con este partido, directivos de la empresa Inipro y el PSC como partícipe a título lucrativo.
La fiscalía considera que los políticos cometieron prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil.
Desde el 2013, se investiga el presunto desvío de 276.000 euros del IMSS al PSC a través de una empresa presuntamente afín a este partido, Iniciatives i Programes (Inipro).
Inipro fue contratada en un procedimiento negociado y sin publicidad para fomentar el asociacionismo entre la población inmigrante pero, en vez de volver a licitar el servicio una vez finalizado el periodo comprendido, el contrato se prorrogó sin certificar los trabajos realizados.
La instrucción de la pieza principal está cerrada, aunque el juzgado de instrucción número 1 sigue investigando, en una pieza separada y secreta, presuntas ramificaciones del caso en otros municipios socialistas en los que también se contrató a Inipro.