La víctima del Montmell reclamaba a los acusados 9.000 euros que había invertido en una plantación de marihuana

En su declaración, la mujer ha explicado que hacia junio del 2017 Diego empezó a reclamar a Joaquin que le devolviera la inversión que había hecho un año atrás para montar la plantación de marihuana. Su intención, ha dicho, era recuperar el dinero para trasladarse a vivir a Asturias. La mujer ha apuntado que Diego se encargaba de regar y cuidar las plantas, y que Joaquín se ocupaba de dar salida a la droga.

Mónica ha relatado que el 9 de agosto Diego fue a la vivienda situada en la calle de La Haya y que, al no encontrar a nadie, rompió la puerta del parking de la plantación con el propósito de recuperar y revender una parte del material que tenían, sin conseguirlo. Posteriormente, ha apuntado que Joaquín llamó a la víctima y que quedaron en que se encontrarían el 13 de agosto en la casa para aclararlo.

Diego acudió a la vivienda durante la tarde-noche del 13 de agosto del 2017 pero, al no encontrar a nadie, rompió la puerta de acceso. Posteriormente, la mujer ha explicado que Joaquín envió a Diego mensajes amenazadores, en los cuales decía que «le reventarían la cabeza», y que el 14 de agosto por la tarde Joaquín lo llamó y lo citó nuevamente en la casa «para arreglar los problemas que tenían».

Mónica ha relatado que su marido se fue rápidamente, con mucha ansiedad, sin coger las gafas, la documentación, ni la cartera. «Se puso las zapatillas deportivas, cogió las llaves de la furgoneta y un bate de béisbol enrollado entre una camiseta. Iba con ganas de pegarse, que todo se solucionara y que le dieran el dinero,» ha reconocido ella.

La mujer ha declarado que, al cabo de una hora, llamó al hombre y que no obtuvo respuesta, por lo cual decidió acercarse al domicilio donde supuestamente se habían citado. Allí ha dicho que «no había nada» ni nadie y que sospechaba que lo habían podido secuestrar. Una aplicación para localizar teléfonos móviles ha dicho que situó el terminal de su marido en el Prat de Llobregat y que al día siguiente se plantó porque allí es donde vivía Joaquín.

La mujer ha relatado que en el domicilio se encontró a su padre y al acusado, entre otros, y ha dicho que la trataron de «loca» cuando ella les preguntó qué le habían hecho a su marido. Según ella, Joaquín le dijo que no había ido a la casa donde tenían la plantación de marihuana. «Pensaba que en algún momento me lo devolverían y que lo dejarían tirado en la puerta de casa, pero no he vuelto a tener ninguna noticia de él», ha manifestado entre lágrimas. Según la mujer, su padre, José, también está implicado en el crimen.

Respondiendo a las preguntas del fiscal, Mónica ha explicado que su marido también estaba enemistado con el otro hermano, Bacari Junior, porque un par de años atrás Diego le clavó una bofetada por una deuda y Junior «le cogió mucha manía». Por otra parte, Mónica también ha llegado a decir que los procesados veían con malos ojos a la gente extranjera que venía aquí y que creía que «le tenían un poco de manía a Diego porque era colombiano».

La acusación particular dice que la víctima sufrió una «emboscada»

En su escrito, la acusación particular considera que la víctima fue objeto «de una verdadera emboscada» por parte de los tres procesados, que presume que iban «armados». Según el relato que ha sostenido al abogado de la familia, los tres individuos actuaron juntos y acabaron con la vida de la víctima seguramente golpeándolo con un objeto contundente y después ocultaron el cadáver «posiblemente por alguna zona montañosa».

La representación de la familia solicita 25 años y medio de prisión por los delitos de asesinato y daños con incendio o, alternativamente, 18 años de prisión porhomicidio con alevosía y daños con incendio. En ambos casos aprecia la circunstancia agravante de abuso de superioridad. También pide que los procesados no puedan acercarse a la mujer e hijos de la víctima durante 10 años, y que los indemnice con 500.000 euros.

Por su parte, la fiscalía pide para los dos hermanos 15 años de prisión por homicidio con el agravante de abuso de superioridad, y 2 años más de prisión por daños con incendio por la quema de la furgoneta de la víctima. En concepto de indemnización, propone que paguen conjunta y solidariamente 120.000 euros a cada uno de los tres hijos menores de la víctima; 90.000 euros a la mujer de la víctima y al mismo tiempo hermana suya, y 50.000 euros a la madre del muerto.

Las defensas piden la libre absolución

Por su parte, las defensas de los dos principales acusados niegan su implicación en los hechos y piden la libre absolución. La defensa del suegro, que sólo está acusado por la acusación particular, sostiene que José no participó en el homicidio ni encubrió a los presuntos autores. Según su defensa, su nieto y otros testigos lo ubicaron en un bar de la urbanización.