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La izquierda independentista de Tarragona pone en marcha una campaña para reclamar mejoras en materia de vivienda

Piden que se cumpla el decreto del alquiler social, si hace falta desobedeciendo el Tribunal Constitucional

Actualizada 02/03/2021 a las 19:09

La izquierda independentista de Tarragona ha presentado este martes la campaña 'La vivienda es un derecho y no una mercancía. Un hogar digno para todo el mundo', con el cual pretende concienciar la población sobre la problemática relacionada con esta materia y reclamar mejoras en diferentes ámbitos. Durante el 2021 se harán charlas, formaciones y jornadas de debate abiertas a la ciudadanía y a colectivos anticapitalistas de la ciudad. De entrada reclaman que se cumpla el decreto del alquiler social tumbado por el Tribunal Constitucional, «si hace falta desobedeciéndolo», ha apuntado a Olga Muntadas, miembro de Cau de Llunes. También piden la expropiación de pisos de bancos rescatados con fondos públicos y de fondos buitres, entre otros.
 
La campaña está impulsada por la CUP, Arran, Cau de Llunes y Endavant y es de ámbito municipal. Joan Manel Burillo, miembro de la asamblea local de la CUP, ha apuntado que la vivienda «es una necesidad muy básica que en muchos casos no está cubierta». Una situación que se ha visto agravada por la covid-19, un hecho que para los impulsores de la iniciativa demuestra que «el sistema capitalista se ha visto incapaz de hacer frente a los problemas sociales». Un sistema que «ayuda bancos y grandes tenedores, y deja de lado la población», ha remarcado Burillo.

Con todo, han apuntado que en los Països Catalans cada día se hacen 50 desahucios. Al mismo tiempo, «la mayoría de la población destina más de la mitad de su sueldo a tener una vivienda». Una cifra que en el caso de los jóvenes sube «hasta el 90%». Por todo ello, la campaña pretende que se cumpla el decreto del alquiler social aprobado por el Parlament y tumbado por el Tribunal Constitucional, así como la expropiación de pisos de bancos rescatados con fondos públicos y de fondos buitres o el control público de empresas proveedoras de servicios esenciales. Paralelamente, al Ayuntamiento de Tarragona le reclaman que cumpla las leyes catalanas sobre pobreza energética. Finalmente, piden que la ocupación se trate «desde una perspectiva que no criminalice a las personas», ha indicado Muntadas. «Sólo vemos la criminalización de las personas que ocupan, cuando no se les garantiza una vivienda digna», ha añadido.

Finalmente, Muntadas ha señalado que les gustaría que se constituyera un Sindicat de Llogaters en la ciudad y durante la campaña contactarán con diferentes asociaciones de vecinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para trabajar conjuntamente.
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