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Ocho investigados en Tarragona por protestar contra la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona en 2018

La concejala de la CUP Laia Estrada, una de las encausadas por desórdenes públicos, decide plantar al juez

Actualizada 03/12/2020 a las 11:16

Ocho personas están investigadas por desórdenes públicos para participar en varias protestas el 21 de diciembre de 2018 en Tarragona con motivo de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. Este jueves cuatro encausados estaban citados a declarar en los juzgados de Tarragona, entre los cuales la concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona, que ha decidido no comparecer ante el juez. Estrada ha denunciado que se les acusa de desórdenes por unas «protestas pacíficas» y que la causa supone «una amenaza» al derecho a manifestación. Los otros citados este jueves sí que han acceder a comparecer en el juzgado, donde han recibido el calor de medio centenar de personas. El resto ya comparecieron hace unos días –entre ellos un chico que en 2018 era menor de edad.
 
Según ha explicado Carles Perdiguero, abogado de Alerta Solidària, el caso se abrió a raíz de atestados de los Mossos d'Esquadra por las protestas que se hicieron el 21 de diciembre de 2018 en la ciudad. En algunos casos, ha dicho, las investigaciones «apuntan a hechos abstractos» donde en algunos se les acusa de liderar una manifestación y en otros de participar sin concretar ningún hecho delictivo. «Unos atestados que suscitan que manifestarse acaba siendo casi un deporte de riesgo», ha manifestado. El abogado ha adelantado que a medida que avance la instrucción pedirán el archivamiento de la causa porque no ven indicios de delito.


Por su parte, la concejala de la CUP Laia Estrada ha decidido no comparecer para denunciar «que aquí no estamos ante un despropósito, que es hablar de desórdenes cuando hablamos de unas protestas, sino que eso es un ataque y una amenaza contra nuestro derecho a manifestarnos». Estrada ha recordado que esta ha sido la misma estrategia que siguió en otras investigaciones por el 3-O y el 8-N, que también fueron archivadas. Esta causa basada en un relato «fantasioso» de la policía, ha lanzado la concejala, forma parte de una operación de Estado contra el independentismo -que cuenta «con la complicidad» del Gobierno y los Mossos, ha dicho- para generar miedo y desmovilizar el movimiento.

En este sentido, el portavoz del Secretariado Nacional de la CUP Edgar Fernández ha advertido que en los próximos meses el país va hacia un escenario que puede ser «muy perverso», con los presos y presas políticos «en la calle con un indulto del Estado pactado no sabemos todavía cómo», y la militancia del independentismo popular «cerrada en prisión». Por este motivo, Fernández ha señalado directamente a los partidos del Gobierno. «Hacemos un llamamiento a JxCat y ERC que si queremos construir un país de verdad y no quieren sólo disputarse sillas y poder en un próximo Gobierno de la Generalitat, que empiecen poniéndose al lado del independentismo popular, que de momento lo único que hacen es enviarlo a los juzgados», ha criticado.

Las protestas
El 21 de diciembre de 2018 una manifestación que arrancó hacia las nueve menos cuarto de la mañana desde la plaza Corsini recorrió el centro de Tarragona de manera improvisada. La protesta pasó por la subdelegación -donde se tiraron huevos de pintura en la fachada-, por los juzgados y por la comisaría de la policía española. La protesta pasó por el acceso de la T-11 y bloqueó el acceso al puerto por la autovía A-27 durante una hora. La acción acabó hacia dos cuartos de dos en la Imperial Tàrraco. A las siete de la tarde se hizo una manifestación unitaria con el apoyo de los CDR, entidades y partidos independentistas.
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