La justicia da la razón a una profesora de Torreforta y considera el asma factor de riesgo

Una jueza ha decretado las primeras medidas cautelarísimas y deja en suspensión el plan de actuación del Instituto Torreforta de Tarragona para que una docente que sufre asma bronquial con frecuentes agudizaciones pueda impartir clases a distancia.

En una sentencia de ayer lunes 7 de septiembre, a la que ha tenido acceso Efe, la magistrada Ana Suárez Blavia, del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Tarragona, dicta que se aplique la medida cautelar solicitada por la profesora Maria Isabel Corregidor, y que el plan de actuación de centro quede en suspenso.

La medida cautelar se fundamenta, según la intelocutòria, en que la reapertura de las escuelas en los términos establecidos «comportaría la imposible ejecución completa posterior de la sentencia que pudiera dictarse, haciendo asumir a las personas sometidas a su cumplimiento perjuicios de imposible reparación, hecho que se producirá el próximo día 14 de septiembre, por lo que se podrían dar situaciones irreparables en el cumplimiento de esta decisión, más cuando entra en juego la integridad física o el bienestar psíquico o físico».

La demandante sufre asma bronquial con frecuentes agudizaciones, que requiere tratamiento broncodilatador, y espondilitis anquilosando HLBA, por lo que tiene que llevar a cabo tratamiento consistente en dos inhalaciones de corticoides al día, según el informe médico que se adjunta en la demanda.

Por eso, la magistrada considera que se trata de «una persona vulnerable, según resulta del informe de valoración de vulnerabilidad a la covid».

La jueza observa también que «es público y notorio la existencia de cuadros positivos asintomáticos, lo que hace complicada la detección de casos positivos y, por lo tanto, la toma de medidas para evitar el contagio en una fase inicial de incubación de la enfermedad».

La sentencia también valora «el escenario de transmisión comunitaria en casi toda Cataluña», de manera que «el riesgo de contagio existe en las actividades en espacios cerrados y especialmente en los centros públicos de enseñanza».

La magistrada añade que «la actora sufre una patología pulmonar en la que el carácter extraordinariamente contagioso de la enfermedad y las incógnitas existentes sobre su comportamiento y su capacidad de mutación indican que el riesgo para la salud, la integridad física y la vida son todavía difíciles de evaluar».

Por eso, la jueza declara que «concurren los requisitos para adoptar la medida solicitada no sólo atendiendo al interés particular de la solicitante, sino por el interés general, ya que la minimización de la exposición de la covid-19 de personas especialmente vulnerables, como es el caso de la recurrente, redunda en beneficio de la salud pública ante la situación de transmisión comunitaria en la que nos encontramos».

En el plan de actuación de centros para el curso 2020-21 del departamento de Educació no se contempla que las personas que sufran asma sean vulnerables a la covid-19, de manera que tienen que ocupar su puesto de trabajo.

Del total de la plantilla docente, de atención educativa y administración, 1.700 personas han acreditado ser personal vulnerable, mientras que el pasado mes de junio fueron 12.800 los que a causa de una posible vulnerabilidad no asistieron a los centros.

De los 1.700, un total de 800 serán bajas médicas a partir del lunes que viene día 14, mientras que los 900 restantes «tendrán algún tipo de adaptación como trabajo telemático», dijo ayer el conseller de Educació, Josep Bargalló.