Desalojados 34 ocupas de 15 pisos del Rancho Grande del Serrallo

El número 2 de la calle Sant Andreu del Serrallo, edificio conocido popularmente como Rancho Grande, ha pasado a la historia como foco de las ocupaciones ilegales en la ciudad de Tarragona. O al menos, por un tiempo. Un total de 110 agentes de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y la Policía Portuaria llevaron a cabo ayer, a partir de las seis y media de la mañana, una macrooperación para desalojar hasta 34 ocupas de 15 pisos del problemático bloque del barrio pesquero. Según el portavoz del Ayuntamiento de Tarragona, Xavi Puig, este era un problema «que se había ido enquistando con el paso de los años y estaba haciendo imposible la convivencia en el Serrallo».

Puig explicó que el desalojo es fruto de una inspección que llevó a cabo el consistorio en la cual se detectó «una situación de inhabitabilidada causa de la acumulación de contadores de la luz pinchados, hecho que implicaba un riesgo de incendio elevado.» El Ayuntamiento consiguió una orden judicial asegurando que el edificio tenía que ser desalojado por la seguridad de las personas que lo habitaban y escogieron la mañana de ayer para llevar a cabo el desahucio después de haber avisado a los inquilinos de que así sería durante las últimas semanas.

El portavoz del gobierno aseguró que, a pesar de la envergadura de la operación policial, «ha sido un desalojo rápido y sin conflictos ni enfrentamientos». Además se había advertido a las familias que había que regularizar la situación de la luz para poder vivir allí y «hasta que eso no pasara no podían estar». Según Puig, algunas de las familias que ocupaban los pisos «han buscado sus propias alternativas mientras que otras, las más vulnerables, se podrán acoger al ofrecimiento de alojamiento por parte del InstitutMunicipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona».

En el operativo también participó el servicio de limpieza de la ciudad, que sacó todos los elementos insalubres de los pisos y zonas comunes del edificio; el arquitecto municipal, que hizo una valoración de cada una de las viviendas; la brigada de espacios públicos, que tapió los accesos a los pisos para evitar nuevas ocupaciones y, finalmente, Endesa, que comprobó el estado de los contadores, que no hubiera más pinchados y que los dejaran correctamente y sin riesgo de incendio, «que era la motivación primera de esta intervención», dijo Puig.

«Pienso que a nivel de barrio del Serrallo hay un antes y un después, el día de hoy marca un punto de inflexión», aseguraba Puig. Sobre la solución de alojamiento por parte de Serveis Socials a la que se pueden acoger las familias, el portavoz del gobierno reconoció que «es una solución a corto plazo» y sostuvo que «los ayuntamientos no tienen por función proveer alojamiento en estos casos, ni tienen la capacidad, pero en este caso creímos que teníamos que encontrar una solución temporal, estamos hablando de semanas. La responsabilidad de que esta gente pueda acceder a una vivienda es de la Generalitat de Catalunya y del Estado español».

Maletas en la calle

Hacia las 9 de la mañana la mayoría de los ocupas ya estaban fuera en la calle con sus maletas y la policía les iba dejando entrar para coger las cosas que se habían dejado en el interior. Uno de ellos era un joven marroquí que hacía dos años que vivía en el número 2 de la calle Sant Andreu y explicaba, con su hija de seis meses en los brazos, que no tiene ni papeles ni techo, y lamentaba que desde el Ayuntamiento no se le ha dado ninguna solución. Otro de los ocupas que había sido desalojado era Emmanuel, un nigeriano que hacía cuatro años que vivía allí, el cual lamentaba que no tiene papeles y que tampoco sabe dónde ir. «No tengo casa, ni pensión, ni nada», decía, triste. Finalmente, uno de ellos criticó la dureza de la actuación policial. «Estaba durmiendo, han entrado con mucha fuerza y me han tirado a la basura la comida que tenía», señaló.

Los vecinos, contentos

Por su parte, David Martín, presidente de la Asociación de Vecinos del Serrallo, aseguraba que «hacemos una valoración muy positiva» del desalojo de los ocupas del Rancho Grande, ya que «era una demanda de los vecinos del barrio y, especialmente, de los que viven en aquel edificio». En este sentido, Martín defendió que «estamos todos muy contentos con que el Ayuntamiento haya encontrado esta solución y, aunque ahora mismo se esté tapiando todo, siempre existe el miedo a que vuelvan a ocupar».

Hacer frente al millar de pisos vacíos

Con todo eso, la CUP emitió ayer un comunicado asegurando que «el operativo es una acción propagandística que sólo acabará con los problemas de convivencia de forma temporal y parcial». En este sentido, las cupaires defendían que estos «tienen su origen en el abundante parque de pisos vacíos que son propiedad de bancos y grandes tenedores, así como en la vulneración del derecho a la vivienda. Mientras no se resuelvan estas dos problemáticas, que son las dos caras de la misma moneda, los conflictos vecinales derivados de ocupaciones se reproducirán periódicamente y se limitarán a desplazarse, generando agravios y problemáticas graves a los vecinos y vecinas de toda la ciudad».

También se pregunta la CUP cuál es el plan a medio plazo que tienen ERC y ECP para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad que gobiernan.

Desazón en la Parte Alta por miedo que vayan los ocupas

La expulsión de los ocupas del Rancho Grande del Serrallo ha provocado cierta desazón en otra zona de la ciudad de Tarragona. Se trata de la Parte Alta, donde también hay problemas de ocupaciones desde hace meses. Vecinos de la zona están nerviosos porque siempre han encontrado conexión entre las ocupaciones en la Parte Alta y el barrio pesquero de la ciudad, con qué temen que algunos de los ocupas expulsados «vengan a parar aquí», una situación que se convertiría en «insostenible», según las mismas voces, que prefieren no revelar su nombre por seguridad. Los vecinos aseguran que estarán en alerta por lo que pueda suceder y, ante una hipotética llegada de más ocupas, «llamaremos a las autoridades».