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Acció duta a terme al Campus Catalunya de la URV a Tarragona per part de la plataforma Precàries i Doctorands en lluita.

Campus Catalunya de la URV en Tarragona, protesta, Precàries i Doctorands en lluita.

Acción llevada a cabo en el Campus Catalunya de la URV en Tarragona por parte de la plataforma Precàries i Doctorands en lluita.

Trabajadoras de la URV denuncian la precariedad laboral del personal universitario

Dicen que la virtualización a raíz de la covid-19 supone un «esfuerzo no recompensado» que estropea la calidad docente e investigación

Actualizada 10/07/2020 a las 12:27

La plataforma Precàries i Doctorands en lluita han denunciado la precarización de las condiciones laborales de postdoctorados, predoctorados y profesores asociados de la Universitat Rovira i Virgili. Este viernes se han concentrado en las puertas del Campus Catalunya para reclamar que se consolide a los docentes asociados estructurales, que se cumpla el cuarto año de los contratos predoctorales y finalice el interinato del personal PAS. Además, también han denunciado que la virtualización del curso a raíz de la pandemia ha supuesto un «esfuerzo» que no se ha visto compensado económicamente y que ha precarizado todavía más su situación.
 
«Si no hay derecho laboral, no tendremos ni investigación ni docencia de calidad», ha lamentado Elisa Alegre, personal investigador de doctorandos y portavoz de la plataforma Precàries i Doctorands en lluita. Según Alegre, si no se consolida el personal, no se puede hacer investigación de calidad y atribuye esta situación a un problema de modelo universitario. El colectivo ha denunciado una «infrafinanciación crónica y acentuada» que sufre la universidad desde hace más de una década. Según dicen, eso afecta en la calidad de la investigación y la docencia, así como las condiciones laborales y económicas del personal y de los estudiantes.


De hecho, denuncian la proliferación de las figuras laborales precarias y temporales: las visitantes, interinas y posdoctorales, con más carga docente de la establecida, asociadas estructurales, personal de administración y servicios, con contratos a tiempo parcial y «infracualificadas», o bien personal de administración y servicios, con contratos de asociadas.

Asimismo, también lamentan que la URV incumpla la aplicación del EPIF (RD 103/2019), privando el grueso de investigadoras predoctorales del cuarto año de contrato, es decir, la equiparación de los contratos predoctorales en duración y retribución. También han lamentado que la URV sea la universidad catalana con más profesorado asociado, con Un 63,5% el curso 2017-18, y al mismo tiempo sea la que retribuye con el nivel más bajo -nivel 1, en contraposición a otras universidades catalanas.

Por este motivo, han reclamado que la renovación de los contratos temporales que han acabado en este periodo excepcional y del profesorado asociado sea automática para el curso 2020-21 para evitar la pérdida de más puestos de trabajo. También han pedido que se habiliten sistemas de compensación por el profesorado a fin de que reconozcan el incremento de dedicación horaria que ha supuesto la virtualización de la docencia, así como los costes económicos asociados al teletrabajo.

«La virtualización no comporta menos trabajo, el cambio del trabajo a presencial ha sido un esfuerzo al menos del 50% más del qué se estaba trabajando anteriormente; por otra parte, también tenemos que reivindicar que estamos trabajando con nuestros ordenadores y nuestro Internet, en casa y mientras otros espacios laborales se están incorporando», ha lamentado Alegre.

En la misma línea, se ha manifestado Carlos Cercós, también portavoz de la plataforma Precarias y Doctorandos en lucha: «La investigación es muy mental y el hecho de trabajar continuamente en tu casa, no te permite desconectar». También apunta que, aparte, «también ha afectado en el desarrollo de la investigación, lo ha dificultado en los laboratorios y en la gente que tenía que hacer trabajo de campo». «Se pierde la interacción profesor alumno que están recibiendo una docencia mucho más empobrecida respecto de la presencial», ha completado.

Entre las demandas, también han destacado la retirada de la propuesta de aplicación «sesgada» del decreto Wert, RD 14/2012 que anunció la Junta de PDI del orden del día del próximo Consejo de Gobierno del 2 de julio (y sucesivos) que consiste en pasar de 24 a 32 créditos el PDI que no tiene un trámite de investigación activo. «Han reducido créditos en algunas asignaturas sobre el papel; eso significa que el mismo trabajo está menos reconocido, por lo tanto, sirve para reducir personal y para devaluar la calidad docente», ha asegurado Cercós.
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