«Tardaron 32 minutos en confirmar que la explosión fue en IQOXE»

Los alcaldes de Tarragona, la Canonja, Constantí, Vila-seca y el Morell comparecieron ayer a una nueva sesión de la Comisión de Estudio de la Seguridad de la Petroquímica del Parlament de Catalunya, creada a raíz de la explosión en IQOXE el pasado 14 de enero, en la cual coincidieron al destacar las graves carencias de comunicación entre el Centro de Emergencias de Cataluña (CECAT) y los ayuntamientos de los pueblos y ciudades de los alrededores el día del accidente. Pusieron de manifiesto que fueron los que tuvieron que informar en la población de qué pasaba, y lamentaron que no lo pudieron hacer con bastante claridad y conocimiento. También criticaron la gestión que se hizo desde la Dirección General de Protección Civil.

Además, los alcaldes pidieron poder participar más en la elaboración del nuevo Plaseqta, que se encuentra en fase de revisión. Todos estuvieron de acuerdo en el hecho de que la gestión se haga desde el territorio y de manera centralizada, y criticaron, con más o menos intensidad, que no se les ha tenido lo bastante en cuenta a la hora de redactar el nuevo documento.

Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, lamentó que «no puede ser que pasen 32 minutos hasta confirmar una cosa tan básica como el nombre de la empresa», y añadió que es necesario un «cambio de paradigma», el cual pasa por una gran inversión económica en tecnología, para enviar un SMS al móvil de toda la población cuando hay un accidente de este tipo y que suenen las sirenas de confinamiento como medida de prevención.

«Lo que pasó el 14 de enero no puede volver a pasar nunca más, la explosión de un reactor de IQOXE, en una planta dedicada a la elaboración de Óxido de Etileno, ha tenido un impacto psicológico enorme sobre la población de Tarragona. Un impacto que ha puesto en cuestión la confianza de los vecinos con la industria», añadió. Por este motivo, Ricomà expresó la necesidad de recuperar la confianza en la industria, «en la que le reconocemos muchos efectos positivos, entre otros y lo significativo, la aportación del 30% del PIB del Campde Tarragona. Ni podemos, ni queremos prescindir de nuestra industria».

Ricomà también insistió en reclamar que se recupere la gestión de las emergencias químicas desde el territorio y pidió «al Departamentd'Interior validar con el de territorio y sus agentes el nuevo Plaseqta». Por otra parte, el alcalde pidió el impulso de un estudio independiente de la calidad del aire. «Los ayuntamientos tenemos que tener nuestros estudios, estudios de la calidad del aire independientes, con la metodología que nosotros proponemos», planteó.

Finalmente, el alcalde de Tarragona apuntó que las inversiones previstas por la Generalitat para mejorar estos aspectos son insuficientes. El Gobierno prevé destinar 7 millones de euros en los cuatro próximos años. «Ahora decimos que para cambiar el paradigma invertiremos un millón y pico cada año y somos 27 municipios. El edificio del 112 costó 33 millones», recordó.

Por su parte, la alcaldesa de la Canonja, Roc Muñoz, destacó «la falta de información» clara y rápida sobre lo que estaba sucediendo, además de «recibir informaciones contradictorias por parte del CECAT» y la falta también de «herramientas para avisar a todo el mundo». Por eso, Muñoz propuso mejoras en la línea de «SMS masivos, la formación de la población sobre cómo actuar en situaciones como esta y en la comunicación directa entre el CECAT y los ayuntamientos». «Estuvimos un poco más de 30 minutos para saber que pasaba a través de la Generalitat y además sin concreción», reiteraba Muñoz. Con respecto a la gestión de las emergencias desde el territorio, el alcalde de la Canonja considera que más que gestionarlas desde aquí o desde Barcelona, «hace falta que las personas que estén al frente de esta gestión conozcan el territorio». Finalmente, Muñoz lamentó también «la ruptura de la confianza de la población en la industria y tenemos la obligación de restituirla».

En la misma línea, pero incluso más crítico, el alcalde de la Canonja, Óscar Sánchez, defendió que «hace falta un claro replanteamiento del plan de emergencias Plaseqcat, el cual no funcionó,», y también lamentó una «descoordinación total entre los canales de comunicación y los agentes que gestionaban la situación desde el sistema de emergencia». Sánchez defendió que «la responsabilidad de hacer sónar a las sirenas era de la Generalitat de Catalunya –mensaje que compartieron el resto de alcaldes– y es por eso que pedimos protagonismo directo en la gestión de las emergencias».

El alcalde de Constantí destacó también que «falta didáctica con los vecinos y vecinas sobre cómo responder a accidentes como el de IQOXE». Además, sobre un hipotético nuevo accidente en el complejo petroquímico, el alcalde constantinenc afirmó que «si hoy o mañana hay un accidente, no sabemos a quién llamar», después de que los alcaldes confirmaran que no se ha contado mucho con ellos para elaborar el informe final de la Mesa de Evaluación y Seguimiento de la explosión en IQOXE.