El Síndic de Greuges critica la manera como se informó la población en el accidente de IQOXE

En el apartado de conclusiones, el Síndic hace hasta veinte recomendaciones y sugerencias para mejorar la información a la población en caso de accidente químico y para aumentar la seguridad. En el primer punto insta a la Generalitat a «evaluar la conveniencia» para reformar la ley de protección civil. Seguidamente pide que el Gobierno apruebe un calendario de ejecución y presupuesto de las medidas propuestas a la mesa|tabla de evaluación y seguimiento impulsada por el ejecutivo, que pide, entre otros, actualizar el marco normativo catalán en el ámbito de la seguridad industrial.

Con respecto al nuevo Plaseqta, el defensor del ciudadano pide que se adopten medidas «que garanticen el derecho de las personas en la redacción de los planos de protección civil» e insta Interior a hacer «las actuaciones de preparación de la población, formación e información previstas». En Interior también le pide «implementar con la máxima celeridad posible sistemas de alerta en la población complementarios a las sirenas de riesgo químico», así como un sistema universal de alerta geolocalizada en teléfonos móviles.

A Inspección de Trabajo lo insta a «intervenir con relación a la prevención de riesgos laborales, la coordinación de actividades empresariales, la formación del personal o las cargas de trabajo en el sector petroquímico de Tarragona.»

Derechos de las personas

En relación a los derechos de las personas, el Síndicincide al preparar protocolos de actuación en relación en las empresas aseguradoras «para facilitar la tramitación y la gestión de las reclamaciones de daños». Unos procedimientos que tienen que ser impulsados por administraciones y empresas. También pide establecer «procedimientos extrajudiciales ágiles y económicos para la indemnización de daños a personas afectadas». Todo es consecuencia de las dificultades del vecinos para poder reparar los daños en sus domicilios causados por la explosión.

En otro punto, apunta que «hay que afianzar el compromiso, la transparencia, el control y, especialmente, la evaluación y la restitución de cuentas de las administraciones en la emergencia que representó la explosión», y considera que «una evaluación pública, con los actores sociales, empresariales y sindicales más relevantes, constituiría un ejercicio del derecho a la participación ajustado a las personas y a las necesidades del territorio».

Críticas de los ayuntamientos

En las respuestas de diferentes consistorios del Campo de Tarragona a las peticiones de información del Síndic, los ayuntamientos son muy críticos sobre cómo se gestionó la emergencia. En el caso del Ayuntamiento de Tarragona, por ejemplo, se cita el informe del equipo de Protección Civil municipal, que carga contra la comunicación en la población efectuada por la dirección general de Protección Civil de la Generalitat. «Hubo un desfase temporal y también de ritmo de producción entre la información a través de Twitter y/o otras redes sociales a la ciudadanía y la información oficial a las otras administraciones actuantes a través de los comunicados CECAT». Y continúa: «Del contenido de los tuits que se iban viendo, se saca la conclusión que la persona que los enviaba no conocía o se sabía situar geográficamente en el lugardel accidente y a los alrededores».

El Ayuntamiento de Vila-seca también cuestiona la actuación del CECAT: «La problemática principal estuvo en el retraso de la llegada de información oficial a través del CECAT, la cual provocó confusión y/o dilación en la toma de decisiones». Hay que recordar que este martes, en la comisión de estudio sobre la petroquímica que se desarrolla en el Parlamento, la directora general de Protección Civil, Isabel Ferrer, se justificó asegurando que IQOXE tardó unos 50 minutos en contactar con el CECAT, hecho que dificultó las tareas de emergencia.

En la misma línea se manifiestan los ayuntamientos del Morell y Constantí. Este último, en su informe enviado al Síndic, lamenta que «se pidió confinar la población de Constantí vía Twitter sin haber sido informado el alcalde de este extremo», y recuerda que «Twitter no es un canal oficial de comunicación».

El informe del Síndic de Greuges se ha enviado a los departamentos de la Generalitat, ayuntamientos y entes locales, sindicatos y asociación empresarial química, asociaciones vecinales, entidades ambientales, URV y a la comisión creada en el Parlament de Catalunya.

Peticiones vecinales

La Asociación de Vecinos de Bonavista también ha expresado su malestar mediante un comunicado porlo que consideran lentitud en los planos de mejora, especialmente los que hacen referencia a la información y seguridad de la población. «Después de estos meses, con numerosas reuniones, echamos de menos la seguridad, información y coordinación a la cual se comprometieron», apuntan. Además, lamentan que todavía no conocen «el nuevo protocolo a seguir» derivado de la aprobación del nuevo Plaseqta.

Aparte, se preguntan «qué plan de emergencias» hay actualmente, una vez esta semana IQOXE ha reabierto la planta de óxido de etileno. Finalmente, reclaman «seguridad para los vecinos y trabajadores, tener un plan de emergencias que todo el mundo conozca», y conocer la calidad del aire de la zona después de la explosión.