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El juicio por los 'falsos' becarios de la URV se celebrará el próximo noviembre

El juzgado ha enviado la notificación a la universidad y a los 201 estudiantes inspeccionados en mayo de 2018
  • Redacció

Actualizada 12/02/2020 a las 14:59

El Juzgado de lo Social nº. 2 de Tarragona ha notificado simultáneamente a la URV y a 201 alumnos, la fecha del 11 de noviembre de 2020, para la celebración del juicio por la demanda presentada por inspección de Trabajo porque consideraba objeto de fraude de ley la situación de varios becarios.

La inspección se realizó el mes de mayo de 2018 en el marco de una campaña del Ministerio de Trabajo en todo el Estado en que controlaba las becas de colaboración y prácticas extracurriculares en las universidades de todo el Estado.

Las conclusiones de la inspección se conocieron el mes de junio de 2018. Según argumenta la URV, «aquel mismo mes, los representantes de la URV se reunieron con el inspector de Trabajo que había iniciado el proceso y, después de las vacaciones de verano, la URV aportó toda la documentación que se le había requerido y un informe en que se justificaba y se razonaba la importancia de la formación en competencias transversales que marcan las directrices de los planes de estudio vigentes y que los estudiantes alcanzaban a través de las tareas que implican las becas de colaboración/prácticas extracurriculares».

La consecuencia directa fue que el septiembre siguiente la URV suspendió las convocatorias de nuevas becas de colaboración, lo cual afectaba aproximadamente a 300 estudiantes.

En febrero de 2019, Inspección de Trabajo notificaba a la universidad que no se reconocía el valor formativo de las becas, «y por lo tanto, la URV decidió que fuera un juez que determinara quién tenía la razón».

De esta manera, este miércoles ha llegado la notificación de la fecha del juicio que, según explican fuentes universitarias, ha causado inquietud porque ha sido notificada también los dos centenares de alumnos que recibieron la inspección, y que en la demanda aparecen como «trabajadores codemandados». La URV, en un comunicado, ha indicado que «en ningún caso esta calificación supondrá un perjuicio para los estudiantes».

Según la URV ha argumentado en este mismo comunicado, el origen del problema que llegará a juicio es una diferencia de criterio.
«Las diferencias de criterio radican en el hecho de que la Inspección de Trabajo considera que los becarios no estarían formándose, porque las tareas atribuidas tienen poco que ver con su enseñanza y que, por lo tanto, estarían realizando tareas no formativas y próximas a actividades laborales.
En cambio, desde las Universidades, en general, y desde la URV, en particular, se acuerda que dos reales decretos (el 1791/2010 y el 592/2014) habilitan y reconocen las prácticas extracurriculares como estrategias formativas. En el marco de los planes de estudio derivados del Plan Bolonia se reclama una formación global e integral del estudiante con el objetivo de facilitar su inserción en el mundo laboral y estas becas tenían la misión de ayudar a preparar a los estudiantes con esta finalidad.
Con respecto a las tareas de los becarios, desde la URV se defiende que los estudiantes en ningún caso realizan funciones estructurales ni tienen la dedicación ni la exigencia propias de una actividad laboral, sino al contrario; y que gracias a las becas de colaboración, han mejorado en el ámbito competencial.
Desde que se abrió esta campaña de inspecciones, varias universidades han sido investigadas y ya hay una sentencia. El Juzgado del Social Número 7 de Madrid desestimó íntegramente la demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y confirmó la plena legalidad de las prácticas extracurriculares de esta universidad».
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