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La Canonja va acordar que cediria part de l'IBI i l'IAE de la indústria a Tarragona.

El gobierno gastará «menos» por|para la pérdida de los impuestos de la Canonja

La Canonja acordó que cedería parte del IBI y el IAE de la industria en Tarragona.

El gobierno tarraconense gastará «menos» por la pérdida de los impuestos de la Canonja

En seis años, Tarragona dejará de percibir cerca de 2,6 MEUR provenientes del acuerdo de segregación del municipio vecino

Actualizada 12/02/2020 a las 08:15

En el mes de abril –concretamente, el día 15–, se celebrarán diez años desde que el Parlament de Catalunya aprobó la creación del municipio de la Canonja. De esta manera se resolvía una de las demandas históricas del núcleo, agregado a Tarragona en 1964 con el fin de reunir en un solo término municipal la industria química del polígono sur. Por el acuerdo económico que se derivó y que se hizo efectivo a partir del mes de octubre de 2010, los dos municipios compartieron la recaudación de los impuestos provenientes de la industria hasta el 2026, cuando ya finalmente la Canonja se quedará el 100% de la recaudado. Son 2.668.261 euros con que cuenta Tarragona para sus presupuestos de 2020 y que irá perdiendo de manera progresiva cada año cerca de 400.000 euros.

El exalcalde Ballesteros (PSC) apostó públicamente en varias ocasiones durante su mandato para llenar este vacío financiero con la recaudación de impuestos a través del desarrollo urbanístico, que provocaría a la larga más IBI para las arcas municipales. Esta no es la vía adoptada por el nuevo gobierno, de Esquerra Republicana y En Comú Podem, que se ha opuesto por ejemplo en qué se saque adelante el plan de la Budellera. El concejal de Servicios Económicos Jordi Fortuny asegura que la línea de actuación prevista con el fin de paliar la bajada de ingresos es «reestructurar el gasto y adecuar el sistema fiscal de Tarragona». «O hay más ingresos o hay menos gasto», afirma Fortuny.

El responsable del área económica recuerda que el reparto a partir de 2010 se acordó para no perder de golpe 9.200.900 euros –el total de lo que recauda la Canonja por la industria química– y hacer políticas para atenuar los inconvenientes económicos. A pesar de esta promesa de reestructuración, el gobierno municipal descarta cualquier alternativa de financiación y apuesta para «gastar menos», sin especificar qué áreas se verían resentidas.

Al otro lado de la balanza, la Canonja cuenta los días para poder disponer del 100% de los impuestos que recauda. Al margen de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Tarragona –el transporte urbano del EMT y la recogida y gestión de residuos urbanos, en total 1.030.000 euros según el presupuesto de 2020–, la Canonja dispondrá muy pronto de 2 millones de euros más. Todo, en un municipio que cerró en el 2019 con 5.893 empadronados y que en el 2026 podría disponer de cerca de 16 millones de euros de presupuesto. Para poner un ejemplo, Constantí, de 6.540 habitantes, tiene un presupuesto de poco más de 9 millones.

Según indica el alcalde Roc Muñoz, el porcentaje de ingresos que percibe la Canonja a través del IBI y el IAE en la industria es del 70% del total. «Está claro que tenemos muchas cosas que hacer en nuestro municipio, de hecho nuestro programa electoral contempla todas aquellas inversiones que consideramos necesarias y que no dependen de si tenemos o no tenemos más ingresos», apunta al alcalde. «Estamos haciendo inversiones para potenciar otros sectores y diversificar nuestros ingresos, aunque esperamos que la actividad industrial no desaparezca nunca del territorio», concluye Roc Muñoz.


Maite Olivé (Junts-La Canonja)
Un polideportivo ligero, un centro de día o un tanatorio son algunas de las propuestas de la concejala Maite Olivé, de Junts, para destinar el 100% de la recaudación a la industria. Olivé reclama un plan estratégico de desarrollo económico para favorecer sectores del pueblo. «Tenemos mucho a ofrecer y tenemos que destinar los recursos necesarios para embellecer nuestro pueblo y poner en valor lo que tenemos», concluye.

Marc Riu (ERC-La Canonja)
El grupo de Esquerra Republicana considera que con este dinero «hay que reforzar el estuctura del pueblo». Su concejal, Marc Riu, destaca ámbitos como el empleo|ocupación, el comercio o los servicios sociales para invertir. «Centrar la economía de un pueblo en un sector económico es un error y un peligro», asegura Riu. «Con accidentes como el de IQOXE nos encontramos con un ayuntamiento atado de manos», alerta.

Oriol Olivé (Som Poble-La Canonja)
Som Poble destaca que el acuerdo con Tarragona «ha sido importante para poder dotar de los servicios el Ayuntamiento». El concejal Oriol Olivé cree que «habría que revisar cómo revierten los ingresos», porque las consecuencias de la actividad industrial «no se concentran en un núcleo». Establecer alternativas es «del todo necesario» a fin de que «no sean otros agentes quien|quién decidan el futuro del territorio», concluye.

Laia Estrada (CUP-Tarragona)
La concejala de la CUP Laia Estrada reprocha que el acuerdo no fuera más allá en políticas mancomunadas. Cree que Tarragona podría recaudar más IBI haciendo pagar a la Iglesia o aumentando el IAE. Sin embargo, afirma que «volver a hablar de necesidades económicas es desviar el tema de que el accidente de IQOXE ha puesto sobre la mesa, que respiramos, la seguridad, la poca información...».

Sandra Ramos (PSC-Tarragona)
La portavoz del grupo del PSC en el Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, recuerda que la distribución económica «la hizo el gobierno Nadal, siendo generoso, en unos momentos previos a la crisis». Al mismo tiempo, que «cualquier revisión en el tiempo sería positiva para Tarragona». Los socialistas siguen apostando por el desarrollo urbanístico como alternativa de financiación, con el fin de recaudar más IBI.

Rubén Viñuales (Ciutadans-Tarragona)
Rubén Viñuales, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Tarragona, propone «modificar el impuesto IAE de manera tal que la industria no pague sólo a los ayuntamientos del término municipal donde se encuentra físicamente si no en todos los municipios donde tiene impacto medioambiental, visual, etc. De esta manera, afirma, «se pagaría el mismo pero repartido según un criterio mucho más justo».

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