Política
La CUP propone destinar 4 millones de euros para vivienda de alquiler social a Tarragona
El partido prioriza la inversión en vivienda para garantizar el derecho a la vivienda y, al mismo tiempo, facilitar la rehabilitación de pisos vacíos
La CUP propone destinar 4 millones de euros para vivienda de alquiler social a Tarragona
Los últimos presupuestos del gobierno de Ballesteros ya preveían una partida de inversiones para el 2019 destinada a «adquisición de vivienda social».
Esta ascendía a 2.805.016,66 euros y, como muchos otros proyectos no se ha llegado a ejecutar. Por este motivo la CUP de Tarragona reclama a Ricomà, en el marco de las negociaciones de los presupuestos para el 2020, que recupere esta partida.
En el último consejo de administración de SMHAUSA, el pasado jueves 28 de noviembre, se evidenció que el gobierno de ERC y ECP se hacían suyo el proyecto del anterior gobierno, el cual se centraba en la construcción de obra nueva en dos fincas propiedad del Ayuntamiento.
La CUP acabó votando favorablemente con la condición que se garantizara que, a diferencia de lo que se ha acabado convirtiendo en la promoción del antiguo cuartel de la guardia civil en López Peláez, las viviendas se destinaran a alquiler social o, si eso no es posible, con un precio de alquiler justo que contribuya a revertir la burbuja existente.
Sin embargo, la formación anticapitalista siempre ha apostado por la rehabilitación de viviendas vacías, en vez de hacer obra nueva. El motivo no es otro que revertir la degradación que comporta que en diferentes zonas de la ciudad se acumulen pisos permanentemente desocupats. Es por eso que emplazan en el equipo de Ricomà a «como mínimo, destinar una partida d'1M€ en concepto de ayudas a la rehabilitación para aquellos inmuebles que posteriormente se destinen a alquiler social».
La partida, además, representaría la medida que está pendiente de ser impulsada por parte del Ayuntamiento de Tarragona a fin de que este pueda tramitar expedientes sancionadores por infracciones de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, por el hecho de «Mantener la desocupación de una vivienda, después de que la administración haya adoptado las medidas establecidas por los apartados 1 a 5 del artículo 42 de la LDH», tal como advertía un informe de la Secretaría General solicitado por las cupaires.