El Ayuntamiento de Tarragona inicia los trámites para la creación de la Oficina de Derechos Civiles

El Ayuntamiento de Tarragona ha empezado la tramitación necesaria para poner en marcha la Oficina Municipal de Derechos Civiles. Por eso, Alcaldía ha pedido la información indispensable a los servicios técnicos y jurídicos del consistorio. El objetivo de esta oficina es el de dar orientación y asesoramiento jurídico a aquellas personas o colectivos que consideren que sus derechos civiles han sido vulnerados o que han sufrido agresiones, una función que se llevará a cabo de manera coordinada con entidades tanto sociales como jurídicas que trabajan por la defensa y la igualdad de derechos. El consejero de Territorio y portavoz del equipo de gobierno, Xavier Puig, explicó en declaraciones a los medios que «el servicio consistiría en asesorar y orientar a aquellas personas o colectivos que crean que han sido vulnerados sus derechos, ya sea por su ideología, la religión, la etnia, la orientación sexual, etc». Puig, añadió que «el Ayuntamiento de Tarragona, en un momento convulso en que pueden producirse situaciones de vulneración de derechos fundamentales, quiere estar al lado de los colectivos y de la ciudadanía, para ofrecer este asesoramiento». En relación con otras oficinas similares en otras ciudades, como Barcelona, el consejero aseguró que su pretensión es «que no sea una iniciativa pionera sino una iniciativa necesaria, es decir, hay algún otro ayuntamiento que lo ha hecho, y Barcelona es un ejemplo, y aquí no sé si son muchos más los que lo han hecho. Sólo sé que vemos imprescindible que el Ayuntamiento esté al lado de estas demandas de la ciudadanía».

Ante la pregunta de que si hay motivos y casos concretos en la ciudad de Tarragona de vulneración de derechos a personas y colectivos, Puig explicó que, «al margen de las quejas y denuncias que ha habido por situaciones de orientación sexual o situaciones religiosas, creo que es evidente que a raíz de los hechos del 1 de octubre de 2017 hemos vivido muchas escenas en que creemos que estos derechos pueden haber sido gravemente conculcados por parte de, por ejemplo, fuerzas y cuerpos policiales hacia la ciudadanía de Tarragona». «Aquí, lo importante y relevante es que nosotros no estamos prejuzgando cuáles son las ideologías que consideramos buenas ni malas, porque todas tienen sus bases y todas son más o menos legítimas, lo más importante es que al margen de la ideología que tenga cada uno, todo el mundo tiene derecho a profesarla en paz y en situación de igualdad respecto de las otras. Si vemos que por parte de las administraciones puede haber actitudes que puedan ser de tiranía o de vulneración de estos derechos, el Ayuntamiento de Tarragona tiene la obligación moral y política de asesorar y orientar a aquellas personas o colectivos que se hayan visto conculcados».

Puig también dijo que «Ciutadans pide una Junta Local de Seguridad para hacer balance sobre las situaciones que vivimos la semana pasada pero es un tema que ya ha sido tratado y lo trataremos las veces que convenga».

Carta al subdelegado del gobierno

Puig explicó también que el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, al ver las nuevas imágenes de la detención de Laura Solé por parte de los agentes de paisano de la Policía Nacional, envió una carta al subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan Sabaté, en la que le pide que se investiguen las actuaciones llevadas a cabo en Tarragona por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Estas actuaciones son las realizadas durante las movilizaciones de rechazo a la sentencia del 1 de octubre de 2017 y Ricomà reclama que se depuren responsabilidades en los casos de incumplimiento de los protocolos y vulneración de derechos fundamentales.

En la carta, el Alcalde apunta que durante los disturbios registrados en la ciudad de Tarragona, «varias grabaciones y testigos|testimonios apuntan a cargas desproporcionadas, gratuitas y sin previo aviso, así como detenciones arbitrarias».