El Gobierno traslada al Ayuntamiento de Tarragona la búsqueda de inversión para el Fòrum Judicial

La consellera de Justícia, Ester Capella, informó a la Mesa del Parlament, el 29 de julio pasado, de que su Departament no dispone de los recursos suficientes para financiar el futuro Fòrum Judicialde Tarragona, por lo que considera imprescindible la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, presidida por un alcalde, Pau Ricomà, que como ella militan en Esquerra Republicana. La declaración está contenida en el informe relativo de la resolución 371/XII sobre la inversión pendiente del Fòrum Judicial del pasado martes. La coincidencia de color político tendría que facilitar las cosas, pero lo cierto es que Justícia traslada el peso más importante de la financiación del proyecto al Ayuntamiento. La construcción del Fòrum de la Justícia se arrastra desde la década de los noventa.

Capella afirmó que la inversión para hacer realidad el Fòrum Judicial, reclamado desde diferentes ámbitos, «atendida la capacidad presupuestaría del Departament de Justícia, no se puede llevar a cabo de manera inmediata». Es por este motivo que la consellera añadió que «tanto la Generalitat como el Ayuntamiento coincidimos en que es una prioridad y colaboramos para que sea una realidad», por lo que «trabajamos conjuntamente para encontrar soluciones que den el máximo valor al solar –de la antigua prisión de la avenida República Argentina- y contribuyan a la viabilidad económica de la construcción del Fòrum Judicial». En este contexto, Capella dijo que, «para asegurar» esta viabilidad, «hace falta un cambio en el Plan Urbanístico». El grueso de la inversión tiene que salir de la venta de los terrenos que ocupa el antiguo centro penitenciario, que todavía está activo.

Muchos millones

De las palabras de la consellera de Justícia se desprende que tiene que ser el Ayuntamiento la administración que tiene que buscar fórmulas con el fin de colaborar en la financiación del proyecto. Capella explicó que «el Departament de Justícia tiene un presupuesto anual de inversiones de 20 millones de euros para toda Cataluña» y, sin la participación del Ayuntamiento «para buscar soluciones, no puede asumir una inversión de 50 millones sólo en Tarragona». Capella afirmó que «Justícia hace todo lo que puede hacer ahora: invertir cerca de 10 millones de euros en la construcción del Centro Abierto –en la avenida Pont i Gol, en el mismo espacio donde se tiene que construir el Fòrum Judicial–, para poder cerrar la antigua prisión». Se trata «de una inversión millonaria en un contexto de falta de presupuesto, pero todavía nos faltan 50 millones más».

El futuro del Fòrum Judicial pasa, necesariamente, por la construcción del Centro Abierto, al que se oponen los vecinos de la zona del Parc del Francolí. Será en el momento que entre en funcionamiento cuando «la antigua prisión quede en desuso y podremos disponer de un solar de cerca de 11.000 metros cuadrados, situado en un enclave privilegiado», apuntó Capella. La consellera dijo que «tenemos que avanzar del brazo con el Ayuntamiento», ahora que «se han reprendido conversacioness un vez constituido el nuevo gobierno municipal».

Más de diez años

Han pasado más de diez años desde que se anunció la intención de construir el Fòrum Judicial «para concentrar todas las sedes judiciales y el Audiència Provincial de Tarragona», según anunció la Generalitat en noviembre del 2010. Antes, sin embargo, hubo otro proceso que acabó en el cambio de ubicación del complejo judicial. La primera opción era construir el Fòrum Judicial en la Rambla President Companys, justo en el solar donde, años después, se instaló el Corte Inglés, gracias a una permuta de terrenos.

A finales del 2010 la Generalitat anunció que había decidido «impulsar el Fòrum de la Justícia de Tarragona» y que había iniciado el proceso para poder licitar las obras. De hecho, incluso se presentaron los dibujos de los tres edificios que estarían unidos y que aglutinarían los servicios judiciales. En aquellas fechas se hablaba que «el segundo equipamiento judicial de mayor envergadura de Cataluña, después de la Ciutat de la Justícia de Barcelona y l'Hospitalet», se ubicaría en la avenida Pont i Gol.

La Generalitat informó en 2010 de que el edificio proyectado contaría con 3.500 metros cuadrados para equipamiento penitenciario –el Centro Abierto, con capacidad para 150 internos. La inversión estimada de todo el proyecto era de 69 millones de euros.