Judicial
La jueza del caso Inipro desestima los recursos de reforma presentados por los investigados
La CUP, que ejerce como acusación popular, valora positivamente la decisión y confía en que se acabará abriendo juicio
Imagen de archivo del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, cruzando la puerta de los juzgados después de declarar como investigado por el caso Inipro el 26 de enero del 2016.
La jueza de Tarragona que investiga el caso Inipro ha desestimado los recursos de reforma presentados por los investigados, entre los cuales, el exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros, y el exteniente de alcalde y exportabais del gobierno municipal, Begoña Floría. La CUP, acusación particular en el caso, ha hecho pública la decisión judicial de este pasado miércoles después de que casi hace un año, el 22 de agosto de 20187, se dictó el auto de continuación del caso Inipro y, un día después, la de subsanación del anterior, que fueron recurridas en reforma y subsidiariamente apelación por las defensas. Fiscalia se opuso a que se estimaran los recursos.
Ballesteros está investigado por presuntos prevaricación, malversación, alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, fraude, soborno, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública. Floria por supuesta alteración de precios en concurso y subastas públicas, soborno, tráfico de influencias, malversación y abuso en el ejercicio de la función pública.
El resto de investigados son la exconcejala Victòria Pelegrín; el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz; el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contratado por Inipro y vinculado con el PSC; José Gallet, administrador de la empresa Gallet; Enrique Manuel Miró, administrador de Itinere Serveis Educatius; Araceli Saltó, funcionaria municipal; Enriqueta Aznar, técnica del IMSS; y los trabajadores Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano y Mario Bulzuri.
El caso gira sobre el contrato suscrito el año 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante pero, según el juzgado, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, el qué se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC.
La CUP, que destapó el caso con una denuncia, ha hecho una valoración muy positiva de la decisión judicial y se mantiene a la espera de lo que se decida al Audiencia provincial, confiando en que se acabará abriendo juicio oral.