La CUP propuso ayer una consulta ciudadana sobre la exención del pago del Impuesto de Corderos Inmuebles (IBI) de la iglesia. Un informe municipal sostiene que el Ayuntamiento deja de ingresar 800.000 euros cada año a causa de este beneficio fiscal de lo que disfruta la Iglesia, fruto de un acuerdo entre el Estado y el Vaticano en 1979.
La CUP, que se opone a este «privilegio» de las entidades católicas, quiere plantear a los tarraconenses si el gobierno municipal tiene que seguir obedeciendo este acuerdo o si tiene que desobedecer. «Implica un agravio comparativo que determinadas instituciones no paguen nada», explicaba ayer a la portavoz cupaire Laia Estrada. Para la concejala anticapitalista es «incomprensible» que el PSOE no haya derogado este acuerdo. Estrada cree que, ahora, hay «que «analizar» los 130 edificios religiosos para comprobar que, en efecto, tienen actividad de culto religioso y que estén «amparadas en el acuerdo». «No tiene sentido que el alcalde justifique la construcción de un nuevo plan urbanístico que trincha la anilla verde diciendo que necesitamos más IBI y que no obligue en la iglesia a que lo pague», afirma Estrada.
Con el fin de garantizar la «laicidad» del consistorio, la CUP también exige a los concejales que no participen en los espacios reservados para ellos a los actos religiosos como las procesiones de Semana Santa que estos días llenan las calles de la ciudad. El miembro de la asamblea local, Jordi Martí, cree que, «evidentemente», los concejales pueden tener sus sentimientos, pero que hay que separar los «asuntos privados» de la parte pública. Martí denuncia una «connivencia» extraña entre la política y la Iglesia que provoca que los políticos no critiquen declaraciones polémicas del arzobispo de Tarragona como las que hizo en alusión a los supuestos abusos de sacerdotes en el territorio y que Jaume Pujol atribuyó a «un mal momento».
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