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L'anterior propietari de El Tòful va lliurar les claus al desembre.

Rechazan dos de las cinco ofertas para explotar el local del Tòful de Mar

El anterior propietario de El Tòful entregó las llaves en diciembre.

El concurso público para la explotación del local del Tòful de Mar queda desierto

La Generalitat hará nueva convocatoria después de desestimar las cinco propuestas recibidas por no cumplir plazos y requisitos

Actualizada 12/04/2019 a las 10:20

El Departament de la Vicepresidència y de Economia i Hisenda ha declarado desierta la licitación para otorgar una concesión de dominio público de unos espacios destinados a bar-restaurante en un inmueble propiedad de la Generalitat, situado en la playa Llarga de Tarragona. De acuerdo con la resolución que publica hoy el DOGC, se presentaron un total de cinco ofertas, dos de las cuales no se pudieron admitir a trámite por haberse presentado fuera de plazo, y las otras tres han quedado excluidas para incumplir algunas de las cláusulas reguladoras de la licitación. Ante esta situación, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat convocará un nuevo concurso en las próximas semanas. El pasado 6 de febrero, la Generalitat sacó a concurso la adjudicación de la concesión de dominio público de este inmueble donde hasta el pasado 14 de diciembre había el restaurante El Tòful de Mar. Se trata de un espacio de dos plantas con dos terrazas que suman una superficie de 698,95 m2.

Tal como detalla la resolución, la Mesa de Contratación decidió no abrir los sobres A con las propuestas de dos de los interesados, después de constatar que no anunciaron la presentación de la oferta dentro del plazo establecido. O, dicho de otra manera, los correos electrónicos en que se anunciaba la presentación de la documentación se enviaron pasadas las 14:00 horas del 8 de marzo, fecha límite de presentación de las ofertas, según informan fuentes de la Generalitat.

Por otra parte, con respecto a las otras tres, la Mesa, de acuerdo con la cláusula 14.6 del pliegue de cláusulas administrativas, ha decidido excluirlas del concurso después de constatar que en el sobre B, donde se tenía que detallar el anteproyecto de adaptación del local y el plan de explotación y funcionamiento, no se habían incluido planos de planta y sección del inmueble a escala 1/100 del proyecto que presentaban.

El expediente de recuperación de la propiedad del Iot, pendiente de resolución
El restaurante el Tòful se encontraba situado en el mismo inmueble propiedad de la Generalitat, en cuya planta baja hay otro espacio dedicado a los servicios de bar y restaurante conocido como El Iot. El 20 de mayo del 2015 el departamento de Economia otorgó un permiso de ocupación temporal por un periodo máximo de tres años a los propietarios de ambos establecimientos. Tres años después, en el momento en que finalizaba el permiso, la Generalitat les concedió una prórroga hasta el 30 de noviembre del 2018. Entonces, los propietarios tenían que entregar a la administración las instalaciones libres, vacías y en perfecto estado de conservación. El objetivo de la Generalitat era poder sacar a concurso su concesión, en régimen de publicidad y concurrencia, para seguir explotándoles como bares restaurantes.

A día de hoy, pasados más de 4 meses desde la fecha de caducidad de la concesión, el propietario del restaurante El Iot todavía no ha dejado el inmueble y sigue desarrollando su actividad, a pesar de no disponer del título jurídico para hacerlo, ya que el permiso temporal de ocupación se extinguía el 30 de noviembre.

Ante esta situación, el departamento de la Vicepresidència y de Economia y Hisenda incoó un expediente patrimonial de desahucio administrativo para recuperar la posesión del bien propiedad de la administración, que sigue su tramitación.

El pasado 4 de marzo, el DOGC y el BOE publicaban la resolución del expediente de desahucio administrativo, según la cual se notificaba al propietario -después de dos intentos infructuosos de hacerlo personalmente-, que tenía que dejar el inmueble en un plazo de ocho días hábiles. De acuerdo con la normativa en materia de patrimonio, el incumplimiento de este requerimiento puede comportar multas coercitivas de hasta el 5% del valor del inmueble. El afectado, sin embargo, presentó un recurso que está pendiente de resolverse.
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