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Menores extranjeros

La secretaria de Infancia ve «justas» las demandas de los educadores sociales

Georgina Oliva se compromete a equiparar las condiciones de los trabajadores de los centros de titularidad pública y los gestionados por empresas privadas

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La secretaria de Infancia de la Generalitat, Georgina Oliva, se comprometió ayer a trabajar para conseguir una equiparación en las condiciones laborales de los educadores sociales de los centros de titularidad pública y los que son gestionados por entidades privadas, que son la mayoría. Según la UGT, estos últimos cobran unos 100 euros menos y no disponen de complementos. Oliva anunciaba esta intención después de reunirse con representantes de la plataforma Acció en Lluita, que agrupa a 270 profesionales del ámbito de Acción Social del Campo y el resto de la provincia.

Oliva abría ayer unas jornadas sobre el trabajo social a la URV centradas en la atención a los menores extranjeros no acompañados, que nos los últimos años han llegado a Cataluña de manera masiva. Actualmente la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) atiende a 3.593 jóvenes migrantes sin referentes.

«Tenemos el compromiso en los próximos días de poner en marcha una serie de mesas y debate con la patronal, los sindicatos y los trabajadores para encontrar una solución a la reivindicación,» señaló Oliva en la salida de la reunión de una media hora que mantuvo con los educadores. La secretaria de Infancia admite la diferencia en las condiciones laborales de los trabajadores en función del centro y califica las reivindicaciones de «justas y razonables». Los educadores reclaman un aumento del 3% del sueldo para este año. «No planteamos ninguna cifra», explicaba.

Oliva explicó que en «las próximas semanas» habrá un calendario para instalar un nuevo centro de emergencia en la provincia. Estos centros son el primer lugar donde llegan los menores, antes de que se les derive en los centros de acogida de larga duración.

En el interior de una Aula Magna llena hasta los topes de un público formado por 150 personas, entre trabajadores y estudiantes de Trabajo Social, entre otros, Oliva apuntó a un replanteamiento del sistema actual de acogida. «Hace falta parar, reflexionar y evaluar las contradicciones para ver las cosas que funcionan», expresó. Una veintena de profesionales del sector protestaron justo antes del inicio de la intervención de Oliva con una pancarta en la cual se leía «Bastante precarización. Las personas no somos negocio». Los educadores, que recibieron el apoyo|soporte de algunos miembros del público, tiraron proclamas como ahora «Queremos un convenio digno».

La máxima responsable de Infancia reconocía que la Generalitat se ha visto «desbordada» por la llegada de los jóvenes migrantes sin referentes y que, ahora, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha sabido ver «las debilidades del sistema». Oliva explicó que faltan recursos y que el ideal sería atender caso por caso de manera individual.

En los últimos meses, la Generalitat ha empezado a trabajar en un proyecto de mentoría, a través del cual, el menor tiene el seguimiento de una persona que la asesora en el día a día. La DGAIA también empieza a arrancar un nuevo recurso que consiste en que familias ajenas al chico o la chica puedan acogerles el fin de semana, así como parientes lejanos del chico que viven en Cataluña. «Conocer significa desestigmatizar», explicaba Oliva, un paso importante, añadía, para evitar incidente como los que se vivieron en Canet de Mar (Barcelona), donde un hombre entró en un centro de acogida armado con un machete. El incidente no provocó a ningún herido. Algunos vecinos acusan a los chicos de robar en la calle y llevaron|trajeron su queja al Ayuntamiento.

Educadores sociales protestan, ayer, contra la «precarización» del sector en la Aula Magna de la URV.

La secretaria de Infancia ve «justas» las demandas de los educadores socialesGerard Martí

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