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Un jove busca informació sobre pisos turístics a la Part Alta, en una imatge d'arxiu.

El 30% de los pisos turísticos que se ofrecen en Tarragona son ilegales

Un joven busca información sobre pisos turísticos en la Part Alta, en una imagen de archivo.

El 30% de los pisos turísticos que se ofrecen en Tarragona son ilegales

La ciudad registra un millar de residencias turísticas, concentradas en Llevant, la Part Alta y el Eixample Centre

Actualizada 21/01/2019 a las 21:23

Los pisos turísticos ilegales en la ciudad han proliferado en los últimos meses. De los 1.000 pisos turísticos que el Ayuntamiento calcula que hay en el municipio, 300 son ilegales. Dicho de otra manera, el 30% de los pisos turísticos de Tarragona no tienen las autorizaciones administrativas que la Generalitat exige para que se puedan ofrecer como residencias turísticas.

El concejal de Territori y Patrimoni Municipal, Josep Maria Milà, reconoce que estos pisos ilegales han aumentado recientemente, pero que la situación en la ciudad «todavía no es conflictiva». Milà lo compara con otras realidades como la de Barcelona, donde en barrios como la Barceloneta la existencia de pisos turísticos ilegales han provocado intensos conflictos entre los vecinos y los turistas. «El turismo de Tarragona todavía es cultural, no es el de Barcelona. Por ahora no tenemos ningún problema», insiste Milà.

El Ayuntamiento no plantea, de momento, ninguna acción para controlar el aumento de los pisos turísticos ilegales. De momento, Tarragona espera una «pauta» del gobierno. «El Estado dijo que haría una normativa sobre los pisos turísticos. Lo tiene que regular la Generalitat y el Estado», señala Milà. El consistorio tampoco mantiene ningún diálogo con plataformas como Airbnb, una de las más utilizadas para ofrecer estos pisos turísticos.

Las plataformas digitales ofrecen pisos turísticos con un amplio abanico de precios que, generalmente oscila entre los 30 y 60 euros la noche. Navegando por una conocida plataforma, el usuario se puede encontrar en la calle del Portal del casco antiguo por 45 euros la noche. También hay pisos por 50 y 60 euros la noche, pero también opciones más económicas. Un anuncio ofrece una habitación por 15 euros la noche en un piso situado en la rambla de Lluís Companys. La mayoría de los pisos turísticos de la ciudad se encuentran en Llevant, el Eixample Centre y la Part Alta.

Ayuntamientos como el de Barcelona mantienen en los últimos años una política de tolerancia cero con los pisos sin licencia. El gobierno de Ada Colau ha impuesto unas 5.000 sanciones a estas viviendas desde 2016 y ha cerrado 2.355.

Según Milà, Generalitat y Airbnb mantienen conversaciones para que la compañía vigile los anuncios de pisos sin licencia. Desde Tarragona, el equipo municipal trabaja para situar todos los pisos turísticos en el mapa a través de la referencia catastral de los inmuebles. El concejal Milà asegura que es difícil situarlos, porque normalmente los anuncios no concretan la dirección exacta, sino la zona en la cual se encuentra. «La problemática es compleja. Hay estatutos de comunidades de propietarios que prohíben que haya pisos turísticos sin un acuerdo previo con la comunidad de vecinos, pero, por otra parte, hay sentencias que dicen que eso no puede ser», afirma.

56.000 pisos sin registrar
Recientemente, la Generalitat ha requerido que se retiren 56.000 ofertas de pisos turísticos sin registrar en los últimos dos años a Cataluña, unos 28.000 durante el 2017 y unos 27.900 en el 2018, según datos de la Dirección General de Turismo. Más de 33.000 de estas ofertas de alojamiento se encontraban en páginas webs de la Asociación Española de Plataformas Digitales de alquiler Temporal (PAT), integrada por HomeAway, Rentalia, Spain Holiday y Niumba. Hasta 15.000 anuncios que no cuentan con el número registro obligatorio estaban publicados en Airbnb. Además, en este último año se han iniciado ocho expedientes en nuevas plataformas webs. Según el Departamento de Empresa y Conocimiento, a inicio de 2019 los niveles de cumplimiento con la normativa de las plataformas integrantes de la PAT son de un 80% y de Airbnb de un 60%. Desde que se inició la campaña de inspección y control el año 2013, en el caso de gestores y propietarios de viviendas de uso turístico, el Gobierno ha abierto 1.358 expedientes sancionadores. De estos, 1.096 se han resuelto con multas que acumulan 6,5 millones de euros.
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