El secretario municipal ha sido citado a la comisión de Investigación del 155

El secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, es una de las personas integrantes de una lista interminable, que será convocada por el Parlament de Catalunya para participar en la comisión de investigación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que celebrará la primera sesión el 22 de enero. En la amplia relación de citados se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera, Mariano Rajoy, exconsellers de la Generalitat encarcelados y, también, representantes de las administraciones públicas, de instituciones empresariales, del ámbito de la judicatura, de sindicatos e, incluso, de la Iglesia, como Javier Pérez Royo, Ramón Cotarelo, Juan José Ibarretxe, Enric Millo o el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella.

Font manifestó ayer a esta redacción que un sector de la sociedad «pone por delante del principio de democracia y de libertad la integridad de España». Font, quien comentó que todavía no he recibido la citación del Parlament para intervenir en la comisión, afirmó que «si hace veinticinco años, en un examen se hubiera preguntado por la constitucionalidad de la aplicación del artículo 155, todos habrían dicho que era un disparate, pero ahora todos interpretan la norma como quieren, de manera interesada». El secretario general del Ayuntamiento de Tarragona añadió que «la mayor parte de los juristas del país considera que la aplicación del 155 es inconstitucional». «Hace veinticinco años nadie pensaba en el riesgo de ruptura del Estado español y ahora sí, en función del principio de integridad» territorial. En opinión de Font, la aplicación del artículo 155 «ha afectado a la Generalitat», pero también a administraciones como el Ayuntamiento de Tarragona, «ya que todo quedó parado». El secretario general apuntó que «cada uno ofrece su visión, pero sí que ha habido afectaciones, muchas y muy importantes».

Font considera que la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y con el apoyo de Ciutadans y del PSOE fue «un disparate jurídico». El secretario general del Ayuntamiento remarcó que «existe una presión» y, cuando se habla de la integridad de España, vale todo».

El mes de septiembre de 2017 Font redactó un informe a petición del grupo municipal de la CUP en que advertía que la instrucción de la fiscalía provincial sobre el 1-O no ampara actuaciones de la Guardia Urbana como policía judicial contra partidos políticos, asociaciones o particulares que actúen por su cuenta. En su informe, el secretario consideraba que las actuaciones descritas por la fiscalía de Tarragona referentes a requisar urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para miembros de mesas electorales, imprimidos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum, «tan sólo se puede efectuar ante autoridades, funcionarios o personas que trabajen por encargo de estos», ya que son los únicos que pueden incurrir en los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos que se investigan por parte del ministerio público.

Font manifestó que, en su momento, recibió el apoyo del gobierno municipal de Montblanc, ayuntamiento donde trabajó, y, también, a título personal, de los concejales del Ayuntamiento de Tarragona, «cosa que agradezco».

Según el secretario general del Ayuntamiento, «las actuaciones que manifiestan el deseo de la voluntad de votar, e incluso del sentido del voto, efectuadas en cualquier soporte, por partidos políticos, asociaciones y particulares, en ningún caso entran en el ámbito de actuación de la instrucción». En este sentido, Font consideraba que sobrepasar las instrucciones del fiscal podría provocar actuaciones «abusivas y arbitrarias».

Comparecencia de los presos

Por otra parte, presidente del Parlament, Roger Torrent, pidió por carta al Tribunal Supremo, el pasado 27 de diciembre, la comparecencia «presencial o telemática» de los presos citados por la comisión del 155. Según informaron fuentes de presidencia del Parlament, el mismo día Torrent también envió un escrito a los presos y a la consellera de Justícia, Ester Capella, informándolos de la carta al Tribunal Supremo.

Paralelamente, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, explicó que el presidente de la comisión del 155, Toni Morral –del mismo grupo parlamentario–, se encargaría de hacer esta petición. El trámite, sin embargo, ya se habría hecho desde hace 10 días.