Diari Més

Francesc Tarragona: Director de los Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies en Tarragona

«Faltan educadores sociales para atender a los menores extranjeros no acompañados

La Generalitat acoge a 375 menores extranjeros en el Camp de Tarragona en centros y pisos repartidos por 10 municipios

Francesc Tarragona, director de los Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies en Tarragona.

«Faltan educadores sociales para atender a los menores extranjeros no acompañadosOlívia Molet

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La llegada masiva los dos últimos años de menores extranjeros que viajan solos hasta Cataluña ha puesto a prueba el sistema de acogida de la Generalitat que tiene la tutela de estos inmigrantes hasta los 18 años. Este 2018 han llegado 3.033 menores extranjeros no acompañados (MENA), el doble que en el 2017. La mayoría son chicos de entre 15 y 17 años, que emigran en patera o escondidos en los bajos de un camión desde Marruecos y países subsaharianos. La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència(DGAIA) admite que faltan educadores sociales para afrontar este fenómeno. A causa de la falta de personal, pedagogos, psicólogos e integradores hacen también las funciones de estos profesionales.

—¿La demarcación tiene suficientes plazas para acoger a los menores?

—Tenemos claro que ningún chico se tiene que quedar en la calle. Las entidades juegan un papel primordial en este sentido. El objetivo es que ningún chico duerma en la comisaría.

—¿Cuántos mena hay en Tarragona?

—Los diez centros que tenemos repartidos por el Camp de Tarragona acogen actualmente a 375 menores. Es una fotografía que puede cambiar en 24 horas. Delante de este alud nos hemos visto obligados a tener sobreocupación en los centros. Cuando no hemos tenido lugar hemos derivado a los chicos a algún CRAE (centros donde residen los menores en situaciones familiares conflictivas), pero en uno o dos días los derivamos a los centros de primera acogida.

—¿Hay previsión de crear un centro de emergencia en Tarragona?

—La idea de la DGAIA es tener un centro de estas características en cada demarcación.

—¿En Tarragona se detectan estos chicos en la calle como pasa en Barcelona?

—Aquí todos los chicos están en los centros y tienen el acompañamiento de los educadores. Los podemos ver en la calle, paseando como cualquier chico que pasea por Tarragona con los amigos. No hay ningún chico desamparado. Están bajo nuestra tutela y guarda.

—¿Vienen derivados de Barcelona?

—Sí. Algunos vienen de Andalucía, salen de los centros para venir directamente a Cataluña. Cuando llegan aquí, los Mossos d'Esquadra los acompañan al centro de la Mercè de Tarragona. Otros también abandonan nuestros centros para marcharse hacia Francia y otros países. Los centros no son CÍAS, son abiertos.

—¿Hay suficientes educadores?

—Faltan educadores. Es un colectivo que está haciendo una cantidad de trabajo. Quien estudie este grado, tendrá trabajo. Hemos ampliado la base a profesionales similares a la figura del educador, como psicólogos, pedagogos e integradores sociales.

—¿La ley permite que un psicólogo haga la función del educador?

—No se trata de sustituir, sino que puede desarrollar la tarea que se le da por la formación que tiene. Le permite desarrollar en un momento determinado las tareas de este ámbito porque tiene la formación.

—¿Cuántos chicos hay en cada centro?

—Cada centro tiene entre 20 y 25 menores. En algunos casos tienen 18 y en otros también 30. No me gusta poner números. Los chicos están bien atendidos y orientados. Lo importante no es la cantidad, sino el trabajo que se hace dentro.

—¿Qué papel tiene un centro?

—Asumimos la guarda de los chicos porque son menores. Los alojamos, facilitamos manutención e información. Les ofrecemos habilidades sociales, sea de cariz formativo o laboral. Buscamos la inserción laboral. Ellos quieren formarse, porque saben que, del contrario, es difícil incorporarse al mundo laboral. En alguna ocasión, han pasado por un proceso migratorio de un año en países conflictivos.

—Los sindicatos y algunos educadores aseguran que se producen ratios de 11 chicos por educador.

—No es verdad. Procuramos que haya un control con las entidades. A veces la ratio es de 6 a 1. Por ley, la ratio tiene que ser de 8 a 1 y lo controlamos con las entidades.

—Comentan que muchos abandonan por la saturación de los centros.

—A mí no me consta. Es posible que haya alguno. Cuando estudias Educación Social tienes que tener una mirada muy ancho, tienes que estar acostumbrado al contacto con las personas y a la calle. La tipología de los chicos que atenderán no son fáciles, el ritmo de trabajo es el que es. Son colectivos vulnerables, desprotegidos. Es verdad que hay mucho desgaste, pero también es un trabajo muy gratificante.

—¿Le constan agresiones a educadores?

—No. Ha habido situaciones de insultos a los trabajadores, pero no es la tónica. Estamos en contacto con los sindicatos y las entidades y contrastamos lo que nos dicen.

—¿Los educadores de los centros privados tienen las mismas condiciones laborales que los centros públicos?

—Las entidades se rigen por el convenio del sector. La ley ya marca las ratios y las entidades lo saben.

Qué le piden?

—Cuestiones relacionadas con la calidad del trabajo, la seguridad, como a todas las empresas. Algún chico puede insultar o dar una patada a una silla, pero eso se puede producir en cualquier familia.

—¿Cuál es la tarea de los ayuntamientos?

—Les pedimos que colaboren con las entidades. Una de las claves es la integración. Un municipio abierto, que acoja, hará posible que no haya estigmatización y facilitará una mirada positiva hacia estos chicos.

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