Recurso contra el auto del caso Inipro por la omisión de testimonios y la obtención irregular de pruebas

Francisco Zapater, abogado que representa cuatro de las quince personas investigadas por el caso Inipro, presentó ayer recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del pasado 22 de agosto y que fue notificada a las personas implicadas el 12 de septiembre, que acuerda la incoación de procedimiento abreviado contra quince personas, entre ellas el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, y la concejala del PSC Begoña Floria. Zapater, quien defiende a Alejandro Caballero, María Cecília Mangini, Mario Burzuri y Juan Carlos Lozano, considera que la resolución del juez «es lesiva para mis clientes y contraria a derecho».

En el escrito de recurso, Zapatero afirma que el auto «omite y deja sin resolver tres cuestiones de capital importancia para el denominado caso Inipro». El letrado defiende en su argumentación que el juez «no ha resuelto la petición que le hicimos, extraer y expulsar del proceso el disco duro entregado a la Guardia Civil por Àlex Ricart, y la extracción y expulsión de elementos de prueba, por haber sido obtenido con violación de derechos fundamentales de nuestros representantes y de otras personas».

En el segundo punto, el abogado considera que «el instructor no ha resuelto el recurso de reforma que interpusimos contra el auto del 28 de enero anterior, pidiendo el desglose y retirada de la causa de un testimonio, para entender que fue incorporado vulnerando el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con desviación del mandato expreso del Audiencia provincial de Tarragona contenido en sus autos de 30 de noviembre y 22 de diciembre del 2017».

La tercera cuestión que, a juicio del abogado Zapater, el auto deja sin resolver, hace referencia al hecho de que «el instructor ha ignorado la declaración de varios testimonios que declararon que los trabajadores de Inipro hicieron tareas para el Instituto Municipal de Servicios Sociales». «El auto recurrido –añadió Zapater- no dice una sola palabra sobre estas testificales, sólo que declararon, a pesar de su importancia, pues aquí estaría la contraprestación recibida por el Ayuntamiento en el dinero pagado en Inipro, que sería la prestación efectiva del servicio contratado y la consecución de la finalidad que se pretendía: la paz social de la ciudad de Tarragona durante la crisis más fuerte que hemos conocido en nuestra historia moderna».

Hay que recordar que en el caso de Inipro se investiga si personas contratadas para hacer trabajos al IMSS lo hicieron, en realidad, para el Partit dels Socialistes de Catalunya.