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Imatge de la concentració, que ha tingut lloc davant dels Serveis Territorials de Salut.

Afectados de iDental protestan al sentirse «estafados, robados y «maltratados» por la clínica

Imagen de archivo de afectados de iDental en Tarragona protestando ante los Servicios Territoriales de Salud.

Oskar Xavier

La Audiencia Nacional asume la investigación por|para el fraude a las clínicas iDental de todo el Estado

El magistrado De la Mata investigará las denuncias contra las empresas y las personas responsables de los centros odontológicos, que han dejado miles de afectados, también en Tarragona
  • EFE

Actualizada 26/07/2018 a las 16:53

El juez José de la Mata ha acordado asumir la investigación por el presunto fraude de las clínicas iDental por «el volumen extraordinario de la causa», la existencia «de miles o decenas de miles de perjudicados» repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.

Estos son los principales motivos por los cuales el magistrado de la Audiencia Nacional ha considerado que este es el tribunal competente para investigar estos hechos que considera pueden ser constitutivos de delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.

En el auto en el cual toma esta decisión, el juez explica que la investigación partió de una denuncia de afectados de iDental en Andalucía y, desde entonces, son ya al menos once los juzgados de toda España que se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional ante el alcance de la presunta estafa.

«La medida de la estructura societaria, su despliegue territorial, su modelo de negocio, el volumen de la operativa, la estructura de financiación, el número de profesionales involucrados y el ingente número de investigados hacen presagiar una compleja investigación que requiere (...) una investigación única», sostiene De la Mata.

Por eso, el juez lo ve «absolutamente incompatible con un manejo fragmentario» de las denuncias.

Los hechos se refieren, relata el auto, a la actividad desarrollada por la estructura iDental, dedicado a la prestación de servicios odontológicos «mediante un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional». Además ofrecía de forma paralela un sistema de financiación, a través de entidades colaboradoras, «entre las cuales había EVO Finance, CETELEM, Santander Consumer, etc.

De esta forma, iDental percibía «el abono íntegro anticipado del precio de sus servicios», y después, según las denuncias, «los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se utilizaba material de baja calidad, y los tratamientos no se finalizaban, dejando los procesos odontológicos incompletos», que quedaron interrumpidos «hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas».

Según el auto, hay constancia del cierre de clínicas en Almería, Badajoz, Granada, Las Palmas de Gran Canària, Albacete, Málaga, Santander, Segovia, Sevilla, Gerona y Zaragoza.

Además de los once procedimientos de otros tantos juzgados que se han inhibido en favor de la Audiencia, hay evidencias de decenas de procedimientos más en diferentes órganos judiciales de toda España. Uno de los casos es el de la clínica de Tarragona, que también ha dejado decenas de afectados.

También existe la apertura de investigaciones de carácter administrativo por parte de comunidades autónomas y colegios profesionales, «que igualmente es preciso ordenar y enfocar».

Asimismo -añade el juez-, «denuncias y diferentes volúmenes de información han sido remitidos en diferentes Fiscalías de diferentes comunidades autónomas y provincias» y recuerda que además alguna sede de iDental, en concreto en Las Palmas de Gran Canària, «parece haber sido desahuciada, habiendo sido confiscados los historiales de más de 15.000 afectados en el Canarias» y que la policía custodia.

De esta manera, De la Mata acepta investigar las denuncias contra iDental Asistencia Social Andalucía Dental Proyectos Odontológicos SL, Dental Global Mangement, Weston Hill Capital y Proyecto Odontológico Almería, como personas jurídicas, y contra Isabel Fernández Navio, Carla Esperanza Reyes Álvarez y Blanca Acosta Peregrin.
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