Diari Més

El juzgado número 2 de Tarragona archiva la causa contra las cinco personas investigadas por el 3-O

La Esquerra Independentista celebra la decisión y confía en el sobreseimiento del resto de causas investigadas relacionadas con el 1-O

Los miembros de la Izquierda Independentista en la entrada del Casal Popular SaGeta de Foc en Tarragona.

La Izquierda Independentista celebra el archivamiento de la causa del 3-O en TarragonaACN

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La Esquerra Independentista ha celebrado este martes la archivación de la causa del 3-O que investigaba el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. El colectivo pide que se archiven todas las causas judiciales relacionadas con el 1 Octubre, en las cuales están investigadas 124 personas. «Celebramos esta decisión como una victoria de nuestra línea política y anti-represiva», ha declarado el portavoz de la Esquerra Independentista, Marc Mestre. Según el abogado de los invesstigats, Carles Perdiguero, las diligencias policiales de los Mossos d'Esquadra se efectuaron de forma «tendenciosa para agrandar unos hechos determinados y atribuirles un carácter de liderazgo y organización que en ningún caso» había «existido». Así, el letrado considera que la archivación del procedimiento se debe al hecho de que los agentes no fueron «capaces de concretar ningún tipo de actividad delictiva». En los investigados, entre los cuales hay los consellers de la CUP del consistorio tarraconense, Laia Estrada y Jordi Martí, se les atribuía un supuesto delito contra el orden público. Los concejales cupaires y Santi Fortuny se negaron a declarar ante el juez el pasado cinco de abril, mientras que sí que lo hicieron dos de los cinco investigados en esta actuación judicial.

Según el abogado de los investigados por los cortes de carretera y las acciones de protesta enmarcadas en la huelga general convocada por los sindicatos minoritarios el pasado 3 de Octubre, la única respuesta judicial posible era la archivación del procedimiento. «Hay que ver porque se están abriendo diligencias policiales, las cuales no tienen ningún tipo de base jurídica y lo único que provocan es un desbarajuste de personas declarando a los juzgados», ha afirmado Perdiguero.

El letrado considera que el atestado de la policía catalana «mezcla todo lo que pasó aquel día» y lo atribuye a las personas investigadas «con un afán poco esmerado» y de forma «absolutamente nada aleatoria». Además, Perdiguero cree que en la declaración en los juzgados los mossos «no fueron capaces de concretar el tipo de actividad delictiva». Por esta razón, los miembros de la Esquerra Independentista reiteran que se trata de una «criminalización» hacia los movimientos de izquierdas.

De hecho, Jordi Martí, conseller de la CUP e investigado en esta causa, ha declarado que su archivación denota que lo que se buscaba «no era penalizar unas ilegalidades sino extender el miedo». En este sentido, ha destacado que tanto si hubiera sido ilegal como no la huelga, lo hubieron hecho «igual». Martí insiste en que la huelga «es un derecho básico que no tiene nada a ver con la legalidad».

Por todo ello, han reclamado que se archiven las causas que quedan abiertas en torno al 1-O como son el procedimiento por los disturbios en la plaza Imperial Tarraco donde las personas investigadas están acusadas de lesionar presuntamente a agentes de la autoridad; por los hechos del 8-N con 39 personas ya citadas a declarar o la actuación relacionada con los cortes de carreteras del 23, 24 y 25 de marzo. Además, del nuevo procedimiento iniciado este lunes en los Juzgados del Vendrell con diez investigados. En total, según el abogado, son 124 las personas que ahora mismo están investigadas. Para Perdiguero todas ellas acabarán mereciendo el sobreseimiento y dice que hay que reclamar su archivación desde el punto de vista jurídico.

La consellera cupaire y también encausada Laia Estrada ha exigido que las actuaciones judiciales se cierren y las ha tildado «de auténticos montajes judiciales y policiales». Estrada ha pedido a «el aparato» del estado español que deje de «malbaratar el dinero público para perseguir aquello que le da miedo como es la gente organizada y apoderada. En vez de perseguir la disidencia política las fiscalías habrían de perseguido la corrupción que inunda el estado herencia directa del fascismo», ha remachado.

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