Laia Estrada podrá continuar como concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona

Laia Estrada podrá seguir siendo concejala de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona. La Junta de Portavoces ha aprobado este miércoles una resolución presentada por la alcaldesa Ballesteros, según la cual no existen incompatibilidades en el cargo a raíz de la condena del ‘Caso Bershka’. El cese de la concejala anticapitalista se había puesto encima de la mesa en febrero después de que el Supremo declarara firme la sentencia que la condenaba a tres meses de prisión por este caso que se remonta en el 2009. Finalmente, sin embargo, la Audiencia de Tarragona aceptó sustituir esta pena por el pago de una multa de 1.780 euros, tal como había solicitado la misma concejala. Este miércoles, la Junta de Portavoces ha dictaminado que tiene que prevalecer el derecho de Estrada a la participación política y que, por lo tanto, el pleno del viernes ya no tiene que dar cuenta de ninguna sentencia.

Un informe del secretario del Ayuntamiento realizado el año pasado apuntaba que una condena de prisión sería incompatible con el cargo y que, en el momento que la sentencia fuera firme, Estrada tendría que dimitir. A pesar de eso, en el plenario del 26 de febrero el alcalde acordó dejar sobre la mesa el punto que preveía el cese de la concejala, después de conocer que el Tribunal Supremo había declarado firme la sentencia de la Audiencia de Tarragona que condenaba Estrada a una pena de tres meses de prisión y que, según el criterio de los servicios jurídicos, la concejala se encontraba causa de incompatibilidad. Entonces también se acordó otorgar un plazo de audiencia de 15 días a la concejala a fin de que pudiera presentar alegaciones, un trámite que hizo efectivo el 20 de marzo.

El 2 de mayo, la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona dictó un auto en el cual sustituía la pena de tres meses de prisión por una multa de 1.780 euros, tal como había solicitado Estrado a mediados de enero. Desde entonces, la cuestión estaba siendo analizada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, según ha ido reiterando Ballesteros en las últimas semanas.

Prevalece el derecho a la participación política

Según la resolución aprobada este miércoles en Junta de Portavoces, «habiendo quedado sustituida la pena privativa de libertad y teniendo en cuenta que el derecho al ejercicio del cargo de consejera forma parte del derecho a participar en los asuntos políticos recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, se considera que las posibles dudas entre la existencia de una posible causa de incompatibilidad con el cargo que comporte el cese, y el ejercicio de un derecho fundamental, tiene que prevalecer este último».

Por este motivo, la resolución presentada por el alcalde ha acordado no incluir en el orden del día del plenario del viernes «el dar cuenta de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y considerar que no se produce una causa de incompatibilidad en el ejercicio del cargo de la consejera del Ayuntamiento de Tarragona por parte de la Laia Estrada por la prevalencia del ejercicio del derecho fundamental previsto en el artículo 23.2 de la Constitución Española».

Estrada: «Lo que ha pasado es grave»

En unas breves declaraciones a los medios después de la reunión, Estrada ha manifestado que les quedan «muchas dudas sobre la mesa» y que este miércoles por la tarde los plantearán en rueda de prensa. La concejala ha afirmado que todavía no se les ha dado respuesta a alegaciones y ha criticado que «todo lo que ha pasado es grave». «Ahora, el intento, como dirían en castellano, es de ‘correr un tupido velo’, pero lo que ha pasado nos preocupa y más viendo que lo que ha motivado que el punto se haya retirando es la sustitución de la pena, una cuestión que ya sabían desde un principio que habíamos «solicitado», ha lamentado Estrado.

Por su parte, la concejala del gobierno municipal Ana Santos (PSC) ha subrayado que se ha hecho prevalecer el derecho a la participación política y no someter la continuidad de Estrada a votación del plenario. «Se ha resuelto que las cosas sigan como están, dado que ya no hay una pena de privación de libertad,» ha resumido Santos.

La concejala de ICV-EUiA, Arga Sentís, se ha mostrado satisfecha con la resolución aprobada porque considera que es «de sentido común» que el pleno no tenga que votar sobre la continuidad o no de una concejala. A pesar de eso, Sentís ha opinado que el gobierno se podría haber ahorrado «algunas situaciones que rozaban el ridículo».