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Laia Estrada ha decidit no personar-se davant el jutge perquè entén que es tracta d'un cas de «criminalització i persecució política».

Comparecen en los juzgados cinco investigados más por la huelga del 8-N en el Campo de Tarragona

Laia Estrada ha decidit no personar-se davant el jutge perquè entén que es tracta d'un cas de «criminalització i persecució política».

Comparecen en los juzgados cinco investigados más por la huelga del 8-N en el Campo de Tarragona

La concejala de la CUP de Tarragona Laia Estrada y otro acusado han plantado el juez

Actualizada 21/05/2018 a las 13:14

El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha citado a declarar este lunes a siete personas más de las 39 que investiga por un presunto delito contra la seguridad del tráfico a raíz de la huelga general del 8-N en el Camp de Tarragona. De estas, cuatro han comparecido para responder a las preguntas de su abogado y una quinta se ha acogido a su derecho de no declarar. Las otras dos, entre las cuales había la concejala de la CUP de Tarragona y portavoz del Secretariado Nacional de la formación, Laia Estrada, han decidido no personarse ante el juez porque entienden que se trata de un caso de «criminalización y persecución política». Dos de los investigados que han prestado declaración han insistido en que no estuvieron presentes en las marchas lentas de vehículos que se produjeron durante aquella jornada y el resto han defendido que la protesta era «legal». En la tercera serie de declaraciones por esta causa, el abogado Carles Perdiguero ha reiterado que pedirán el sobreseimiento.

Tercera jornada de declaraciones en los juzgados de la capital tarraconense por la huelga del 8-N. Las comparecencias empezaron el lunes de la semana pasada, se repitió el viernes y se han reprendido|reanudado este lunes. Hasta ahora han comparecido 17 de las 39 personas investigadas por un supuesto delito contra la seguridad del tráfico y hay cinco más que han decidido no personarse ante el juez. El resto de citaciones están previstas para este viernes, el lunes que viene y, probablemente, se señalarán más días porque ha habido errores en algunas citaciones, según fuentes jurídicas. También queda pendiente de que se fije una fecha de declaración de agentes de la policía española para que den testimonio del atestado redactado.

De las cinco personas que han comparecido este lunes ante el juez, dos han asegurado que no participaron de las movilizaciones del 8-N y dos más que han defendido que se trataba de una protesta «legítima» y «legal». El concejal cupaire Jordi Martí ha decidido comparecer en esta ocasión porque «a nivel personal» le iba «mejor declarar». Una quinta persona se ha acogido a su derecho de no declarar y ha habido dos más que han declinado comparecer, entre las cuales la concejala de la CUP de Tarragona Laia Estrada.

En declaraciones a los medios, Estrada ha denunciado que la causa se está ensañando con los miembros de los CDR y de la izquierda independentista. «Yo acumulo dos causas y el otro concejal de la CUP de Tarragona, Jordi Martí, tres», ha ejemplarizado. Según Estrada, esta es una muestra más «de criminalización y persecución política» y de montajes policiales y judiciales aliñados con la ayuda de la prensa española, que está demonizando el movimiento independentista. «No compareceremos porque es una causa política y un montaje. Es una auténtica caza de brujas», ha remachado.

La concejala ha insistido en que la causa del 8-N muestra la «represión cotidiana que hay por todo el país», tanto para el 1-O, como por el 3-O, el 8-N, las protestas en la Ciutadella o las acciones de los CDR por Semana Santa. «Forma parte de la estrategia represiva del estado español y es una muestra más de persecución política y de criminalización del independentismo, que pretende silenciar la protesta y generar miedo», ha abundado. Según Estrada, todo se enmarca en un «juicio de país», «una misma causa con 1.000 personas».

Por su parte, el abogado de una treintena de los investigados, Carles Perdiguero, ha reiterado que solicitarán el archivamiento de la causa porque «no hay base legal para continuar con un delito contra la seguridad del tráfico por unos hechos que se enmarcan en el derecho legítimo de protesta y en el propio derecho de huelga». Perdiguero ha insistido en que no se ha acreditado que algunos de los investigados participaran en las protestas de aquel 8-N, en el que se convocaron marchas lentas de vehículos en varias vías del territorio.

Los afectados han denunciado una vez más que el atestado de la policía española incluye datos de afiliación política, sindical o de asociaciones. En las puertas de los juzgados de Tarragona se han concentrado medio centenar de personas a partir de dos cuartos de diez para dar apoyo a los investigados. Los manifestantes los han recibido con pancartas de 'Libertad' y gritos de «¡No estáis solos!».
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