El Ayuntamiento presenta el recurso de casación contra la empresa CLH

El Ayuntamiento de Tarragona ya ha presentado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación contra el contencioso administrativo de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que anuló el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de la ciudad. De esta manera, el consistorio pretende que la justicia rectifique y vuelva a dar validez en el Plan General, que a pesar de la sentencia en contra, sigue vigente a la espera de la decisión del Supremo. El motivo de la anulación del POUM fue la ausencia de un informe del «autoridad estatal competente» en materia de planificación de hidrocarburos, en concreto, en el Plan de Mejora Urbana 40 CLH, un pequeño sector del territorio. «Ya hemos presentado el recurso de casación y ahora estamos a la espera de la decisión del Tribunal Supremo», aseguraban a este medio fuentes municipales, que añadían que «se trata de un trámite muy largo».

El consistorio hizo público, el pasado 7 de marzo, el conflicto judicial entre CLH y el Ayuntamiento. La empresa presentó un contencioso administrativo contra la resolución de la dirección general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat del 14 de mayo del 2013, que dio conformidad al texto refundido del POUM. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a CLH y el POUM, en su totalidad, quedó anulado. El motivo es la ausencia de un informe del «autoridad estatal competente» en materia de hidrocarburos, según recoge la sentencia.

«Ninguna ley, ni reglamento nos obliga a presentar este informe. Al juez se lo ha inventado. Así de contundentes fueron las palabras del alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, durante la comparecencia para explicar las causas de la anulación del POUM. De hecho, la sentencia no clarifica quien tenía que presentar este documento y sólo lo relaciona con el «autoridad estatal competente». «Eso no tiene ningún sentido, nos hemos quedado sorprendidos», subrayó el alcalde. Ballesteros estaba visiblemente enfadado con la decisión de CLH de presentar un contencioso administrativo contra la totalidad del Plan|Plano General, que hay que recordar que sigue vigente porque la sentencia del TSJC no es firme.

El consistorio hace años que intenta negociar un traslado de CLH, que se encuentra en el Polígono Francolí, para empezar a transformar el espacio y construir viviendas, equipamientos y zonas verdes. «Es una instalación obsoleta que se tiene que marchar del centro de la ciudad», recalcó Ballesteros. CLH y el consistorio nunca se han llegado a poner de acuerdo. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Josep Maria Milà, apuntó que el desplazamiento de CLH costaría 20 millones de euros, además del precio del nuevo solar y el gasto del desmantelamiento.

Por otra parte, la sentencia del TSJC, además de anular el POUM, anuló también el Plan|Plano de Mejora Urbana 40 CLH, donde se contempla el traslado, por «inviabilidad económica». El alcalde está convencido de qué el Tribunal Supremo dará la razón al Ayuntamiento. Los trámites, tal como avisaban fuentes municipales, se podrían alargar durante dos o tres años. Mientras tanto, el POUM seguirá vigente y el consistorio intentará pactar una nueva vía para trasladar CLH a fuera de la ciudad.

En caso de que el Ayuntamiento tenga la razón, sería la sexta sentencia en favor del Plan de Ordenación Urbanística Municipal en 13 años.