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Elisabet Cerrato i Roser Casanova, les impulsores de l'empresa LitiGest.

Una empresa surgida de la URV ofrece alternativas a las subastas judiciales

Elisabet Cerrato y Roser Casanova, las impulsoras de la empresa LitiGest.

URV

Una empresa surgida de la URV ofrece alternativas a las subastas judiciales

LitiGest ha sido fundada por Elisabet Cerrato y Roser Casanova
  • EFE

Actualizada 09/04/2018 a las 17:52

Una empresa surgida de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ofrece alternativas a las subastas judiciales mediante un mediador, que tiene el visto bueno del juez, según informa la universidad tarraconense.

La empresa se llama LitiGest y la han fundado Elisabet Cerrato y Roser Casanova, dos investigadoras del Departamento de Derecho privado, procesal y financiero de la URV, con la participación de la universidad.

Hasta ahora, y con los datos oficiales, cerca de un 80% de las subastas judiciales de inmuebles propiedad de personas que no pueden hacer frente a las hipotecas quedan desiertas y acaban en manos de los bancos.

LitiGest aplica una opción prevista a la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el año 2000 y permite activar una vía diferente de la subasta que consigue vender bien.

Un especialista, con el visto bueno del juez, puede intervenir y hacer de mediador teniendo en cuenta, además, que en estos momentos la relación entre acreedor y deudor está muy deteriorada.

De esta manera se consigue que el deudor facilite la venta -y que no dañe el inmueble, como pasa en algunas ocasiones- e intervenir el juzgado por detener la subasta.

En la mayoría de casos los bienes son viviendas, pero se puede tratar de cualquier tipo de bienes, como terrenos, locales, aparcamientos o joyas, entre otros.

La tarea principal de LitiGest es que la venta de los bienes «se saquen de la vía judicial y se entreguen a un profesional experto que se encarga de la venta», explica Cerrato.

De esta manera se buscará venderlo a precio de mercado y, si no se acaba consiguiendo, se pretende que los bienes se vendan a un precio más asequible pero siempre más alto que el de la subasta o el de la adjudicación por parte del banco.

Además, aplicando esta alternativa, hay un plazo legal de seis meses para vender los bienes, prorrogables por seis meses más. Y, en caso de que no se vendan, siempre quedará la subasta, que tendría que ser, consideran las expertas, el último recurso.
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