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Cas Inipro
La investigació del cas Inipro s'allargarà durant 18 mesos més

La investigación del caso Inipro se alargará durante 18 meses más

Imagen de archivo del juez y agentes de la Guardia Civil, después de practicar un registro en el Ayuntamiento de Tarragona.

¿Por qué el juez decide incluir a Floria en el Cas Inipro?

Correos de los investigados evidencian irregularidades en la contratación de la empresa y en su función
  • Redacció

Actualizada 16/11/2016 a las 17:45

La actual sexta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, la socialista Begoña Floria, es la nueva cara que está relacionada con el Cas Inipro. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragonaen ha citado a declarar a Floria en calidad de investigada el próximo 19 de enero, y lo hará junto con el exjefe de gabinete del alcalde Ballesteros, Gustavo Cuadrado, ya investigado en la pieza principal del caso.

En esta ocasión los delitos que atribuyen a los dos son los de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas públicas. ¿Pero qué pruebas tiene el juez que remiten a la comisión de tales delitos en esta pieza separada?

Un disco duro entregado al juzgado por un trabajador municipal ha aportado las pruebas con las cuales se basa el juez. Para el magistrado todo indica que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) no habría seleccionado la empresa Inipro para ser «la que presentaba la oferta más ventajosa», sino que habría sido el instrumento para colocar a varias personas afines al partido dándole aparenta de contratación pública. El procedimiento, de hecho, se hizo mediante un proceso negociado sin publicidad, y varios mails ponen de manifiesto que el contacto entre Inipro y Cuadrado se empezó a producir mucho antes de que tuviera lugar su contrato.

El juez reseña la existencia de contactos previos, correos y reuniones entre el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado, y el responsable de Inipro, Ricard Campàs. Según el magistrado, la intervención del exjefe de gabinete, que puso en contacto Campàs con el entonces gerente del IMMS, Antonio Muñoz, demostraría la existencia de una estrategia predeterminada. Hay que recordar que el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, también está investigado en el caso.

El juez sostiene que la mano derecha del alcalde era el máximo responsable de la trama y hace notar que, de hecho, dimitió el mismo día que se procedió a la detención de Muñoz. Además, lanza que «el negocio no era con el IMSS sino con el PSC», y que Muñoz «tan sólo era la pieza necesaria para dar cobertura legal a la voluntad de contratar a determinadas personas para realizar trabajos en beneficio del PSC», que se ahorraba el pago de sus salarios.

Según el auto, la trama se inició con la contratación del militante Alejandro Caballero, que habría respondido a «la primera contraprestación» que la mercantil asume a cambio de la adjudicación en dedo de un contrato que, supuestamente, tenía el encargo de promover el asociacionismo entre la población inmigrante.

Los nuevos avances sobre la investigación confirmarían también que las memorias presentadas por Inipro se redactaron desde el mismo IMSS, por parte de una técnico referente de la Unidad Técnica de Inmigració i Ciutadania (UTIC), Enriqueta Aznar. De hecho, el interventor municipal dictaminó que no se podía acreditar la realización de los trabajos encomendados a Inipro.

¿Qué trabajo realizaban los trabajadores de Inipro?
El juez constata que, además de Caballero, Inipro contrató a otras personas por encargo del PSC: Cecilia Mangini, Vasile Balteratu, Judit Cepero y Juan Carlos Lozano, que no trabajaban en ningún otro lugar. Según la investigación, todos ellos conformarían un grupo bautizado como «PSC Ciberactivistes Ballesteros», tal como explica la concejala Begoña Floria en un correo electrónico del 13 de septiembre de 2011. «Con ellos, yo misma y Gustavo Cuadrado iremos impulsando la red y estaría bien que, si conocéis gente del partido que tenga interés en formar parte nos avisáis», manifestó la concejala investigada.

En su respuesta, Cuadrado preguntó quién recibía los correos y dijo que tenía «miedo» de poner nombres porque «están cobrando de nosotros» y, a su parecer, habría que clarificar que «son voluntarios». El juez vio con sorpresa que los ciberactivistas coincidan con las personas contratadas y pagadas por Inipro. El magistrado afirma que «este grupo tenía como objetivo promover la actividad del partido y, en concreto, dar apoyo en las redes al alcalde Ballesteros, llevando a cabo una actividad muy lejana a la propia del IMSS».

Según el auto, después de estos movimientos, Cuadrado «asume la dirección del grupo de personas» y una de las contratadas, Cecilia Magnini, le envía correos periódicos sobre la actividad que llevan a cabo: «Bueno día Gus: te comento el día de hoy y de ayer, que como acabamos tarde en el assamblea no te envié nada. Miramos prensa, felicitamos los aniversarios, hicimos comentarios, movimos temas por la red para ir creando tensión y tendencia hacia las generales (...) día a día agregamos amigos para excluir o pasar a la página del alcalde. Las noticias calientes pasan por sanidad y las repercusions de las fiestas». En estos correos no se menciona, en ningún caso, la promoción del asociacionismo.

Queda constancia en que toda esta actividad es retribuida y no voluntaria. Según el magistrado, «quizás por eso Cuadrado tenía tanto miedo que se diera publicidad al correo remitido por Florecía, pues la actividad de los miembros del grupo de ciberacción no era voluntaria como se quería aparentar, sino retribuida, e iba a cargo del erario público en un momento en que se estaba atravesando una dura crisis económica».

El papel de Floria
Begoña Floria aparece como remitente y emisora de diversos correos en los cuales se deja constancia que estaba al corriente del caso, según asegura el magistrado en el Auto Judicial hecho público este mismo miércoles. «Floria tuvo una participación activa en la organización y dirección del grupo de iberactivisme encaminado a desarrollar actividades propias del partido (socialista) por personas que en aquel momento estaban contratadas por Inipro». El mismo juez concluye que «el negocio se tejió para realizar actividades en beneficio del PSC y la empresa Inipro fue el instrumento utilizado por el PSC para que personas determinadas, afiliadas o simpatizantes, realizaran de forma remunerada actividades de naturaleza política a cargo de los presupuestos municipales».

Ganarse el voto de inmigrantes
Además, Caballero aparece en una comunicación enviada por la agrupación socialista de Tarragona en que se insta a promover la inscripción al censo electoral de ciudadanos recién llegados en la ciudad para que puedan participar en las elecciones de mayo de 2011. Según el juez, el pretexto sería «ganarse votos para el candidato del PSC».

Por otra parte, cuando las sospechas de irregularidades trascendieron a la opinión pública a raíz de una denuncia de la CUP, Cuadrado y Floria «intervinieron activamente» en la definición de un argumentario con que el grupo socialista se defendería. Cuestiones como intentar que al fin y al cabo fuera «flor de un día», manifestar que el concurso era legal y que se debía a una «irregularidad administrativa».

En el auto, el juez afianza que el servicio contratado a Inipro no era necesario y que, todo, respondía al vínculo existente entre Inipro y el PSC. El magistrado recuerda que se optó por llevar a cabo «un proceso negociado sin publicidad en que se vetara toda posibilidad de libre competencia» y que se firmaron dos prórrogas irregulares y que se pagaron facturas a pesar de advertencias de ilegalidad. Por otra parte, también se investigan las relaciones entre Inipro y los ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans.
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