Ricomà emplaza a Ballesteros a debatir la privatización de la Anilla

El grupo municipal de ERC-MES-MDC está dispuesto a llegar hasta donde haga falta para parar la posibilidad de sacar adelante el proyecto de privatización de la gestión de la Anilla Mediterránea, que ha presentado la compañía madrileña Santa Gadea y que el Ayuntamiento de Tarragona no ha descartado. Lo han nombrado «pelotazo». Tal como habían advertido, este jueves presentaron 11 alegaciones a la reformulación del estudio de viabilidad para la concesión de obra pública de la Anilla Mediterránea de los Juegos. El portavoz de Izquierda, Pau Ricomà, aseguró que las declaraciones –de esta semana– que manifestó el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, –en las cuales decía que a ERC se les habían acabado los argumentos por oponerse a los Juegos– eran «insultos y menosprecios» y defendía que «el alcalde no debe tener unos argumentos muy fundamentados, porque sino no tendría ningún inconveniente en hablar». En este sentido, emplazó a Ballesteros a debatir «abiertamente» esta propuesta de concesión. Ahora bien, en todo momento Ricomà quiso dejar claro que «no estamos en contra de los Juegos Mediterráneos ni de las colaboraciones público-privadas, sino en contra de una gestión pésima». En este sentido, explicó que «se pueden encontrar muchas fórmulas, ya sea gestionar por trozos, pero la propuesta de Santa Gadea no es lógica y menos cuando nos encontramos a once meses de la celebración de los Juegos».

Después de analizar el proyecto de gestión, el grupo de ERC ha destacado varios aspectos que, aseguran, «presentan sombras e irregularidades». Por una parte, detallaron que «la duración de la concesión a 40 años podría no adecuarse al supuesto legal de concesión». Además, destacaron que «la concesión incluye la explotación de comercios y establecimientos, de manera que se podría acabar creando un espacio comercial, del cual sacaría beneficio la empresa gestionadora y lo pagaríamos todos los tarraconenses.» Así, subrayó que «los recortes en servicios esenciales para la ciudadanía se derivarían en el pago anual a 40 años de un canon de 2,5 millones de euros. Hecho que supondría 152 millones de euros».

Por otra parte, Ricomà defendió que «con este canon, se superaría el umbral máximo de endeudamiento del Ayuntamiento permitido por ley, ya que llegaría al 145%.» Uno de los elementos clave que demostraría «la opacidad» del gobierno municipal enfrente del proyecto es «la ausencia de los informes favorables de Secretaría y servicios administrativos del Ayuntamiento sobre el proyecto que ha salido a exposición pública». Además, aseguraba que la propuesta «no disponía de ningún informe de secretaría o intervención del Ayuntamiento de Tarragona», cuando pasó por el plenario. Además, expuso que, una vez Santa Gadea haya puesto sobre la mesa el proyecto, podría percibir 179.542 euros con motivo de su redacción, a no ser que la adjudicataria del proyecto fuera otra empresa. También destacó que peligra «la sostenibilidad del Patronat d'Esports» y detallaba que «el proyecto contempla la eliminación del espacio de aparcamiento del Palau d'Esports y no deja claro cuál será el uso que se hará del velódromo y la pista de atletismo, hecho que se tendría que aclarar».

A modo de conclusión, Ricomà lamentaba que «el alcalde dice que nuestros argumentos no son ciertos. Estaríamos encantados de que nos demostrara que estamos equivocados y que no hipotecaremos la ciudad de esta manera». De momento, los republicanos sólo pueden esperar que se agote el plazo para que el Ayuntamiento responda las alegaciones.