El sector calcula que un 30% de las peluquerías de Reus han tenido que cerrar

El sector calcula que un 30% de las peluquerías de Reus han tenido que cerrar desde el 2012, cuando el gobierno les subió el IVA del 8% al 21% a raíz de la crisis. Pili Arenas, propietaria de una peluquería homónima en la ciudad, asegura que «esta subida del 13% era temporal», pero lamenta que «ya hace nueve años de eso» y «mucha gente no ha podido mantener su negocio a raíz de la elevada presión fiscal». Montserrat Mayo, propietaria de la peluquería Koko, asegura que, «por desgracia, conozco a gente que ha cerrado» y explica que el sector se encuentra en una situación «límite» desde hace tiempo. «Nos subieron el IVA en medio de la crisis, cuando el trabajo ya había bajado mucho», dice Mayo, y «nadie podía subir los precios para mantener los márgenes». Mayo asegura que en aquel momento tuvo que pasar de tres a dos trabajadoras, pero asegura que «es muy duro» porque «hace muchos años que trabajan conmigo» y «igual que yo quiero mantener mi negocio, quiero que ellas puedan cobrar a finales de mes». Mayo explica que compañeras del sector «estaban llevando a cabo obras para abrir un centro» en Reus, pero «abandonaron el proyecto ante la situación que nos encontramos». Muchos «estamos sobreviviendo como podemos», dice Arenas, y asegura que los centros con un trabajador «han pasado del 30% a septiembre del año pasado, al 66% ahora» y, en general, «se está facturando un 40% menos» a nivel estatal.

La plataforma Creer en nosotros , de la cual forman parte las dos peluqueras reusenses, lucha por la restitución del IVA reducido, ahora del 10%. Ambas coinciden en decir que, durante la pandemia, el mismo Estado ha calificado los servicios de peluquería y estética como «esenciales» y «de primera necesidad». Lo que pide el sector es que el Gobierno de Pedro Sánchez «nos devuelva lo que nos corresponde», dice Mayo. Asegura que esta situación está favoreciendo que «peluquerías que han cerrado sigan trabajando en negro», aunque se muestra comprensiva, ya que «no sé qué haría si tuviera que cerrar». Arenas asegura que «el estado está perdiendo más dinero manteniendo el IVA» que si lo restituyera, ya que «estarían recaudando los impuestos de todos los centros que han tenido que cerrar». Lamenta que «otros sectores han recuperado el IVA reducido», pero «a nosotros no nos escuchan». Por este motivo, la Aliança Empresarial per la baixada de l'IVA inició en agosto una campaña de envío de cartas masiva al presidente, en la cual se han enviado «más de 2.500 cartas», dice Arenas. Esta acción continúa la reivindicación del sector que se manifestó en marzo y en mayo de este año, y prevé «seguir con las movilizaciones» este otoño y «no nos detendremos» hasta que «nos hagan caso».

A la situación que el sector lleva acarreando desde el 2012, se le han sumado los efectos de la crisis actual y la pandemia. Las dos profesionales coinciden en el hecho de que el trabajo ha disminuido drásticamente, ya que no hay acontecimientos, el aforo es limitado y «los hábitos de los clientes han cambiado», dice Mayo. Además, lamenta que el Gobierno central está desaparecido, ya que «en este tiempo he recibido dos ayudas y han sido de la Generalitat».