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Taller Baix Camp releva a FCC y entra a gestionar centros de reciclaje y voluminosos en Reus

El pleno libera dos lotes del contrato de la basura recurrido al TCCSP y aprueba que los vecinos paguen por la obra de Santa Helena

Actualizada 23/04/2021 a las 07:47

Con la abstención de PSC y CUP, el pleno acordó ayer liberar los lotes 2 y 3 del contrato de la limpieza viaria y la recogida de la basura , adjudicados en diciembre de 2020 al Taller Baix Camp y atrapados, desde entonces, por el recurso que FCC presentó ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) por el lote 1 y que todavía no ha sido resuelto. Los lotes 2 y 3 se corresponden con la gestión y mantenimiento de los centros de reciclaje y la gestión, explotación y mantenimiento de la planta de voluminosos. El acuerdo tomado en la sesión de ayer permite separarlos de los otros y que empiecen a desarrollarse. El lote 1 es el referente a la recogida de residuos y la limpieza del espacio público como tales, adjudicado a UTE Valoriza-Romero Polo pero paralizado todavía a la espera de la sentencia del TCCSP. Su situación arrastra también el 4, el último lote –orientado a la integración tecnológica y que quedó en manos de Tradia Telcom-, a causa de una «cuestión tecnológica vinculada a los vehículos y a la recogida», tal como detallan fuentes municipales.

En este sentido, el portavoz del PSC, Andreu Martín, expresaba ayer que «hasta el lunes, la concejala -Mariluz Caballero, de Hacienda– no nos explicó que parece que estamos a días de conocer la resolución del tribunal». El concejal socialista lamentaba que, a pesar de habilitar el nuevo acuerdo para los centros de reciclaje y la gestión de voluminosos, «nos quedamos con un núcleo del contrato que está esperando y esta espera está siendo larga», y decía que el contexto actual «genera inquietud en los trabajadores». Por su parte, la portavoz de la CUP, Marta Llorens, alertaba de que «tenemos una impugnación y todavía no sabemos la respuesta» y, cuando el proceso culmine, «una empresa habrá vivido de la renta».

El superávit del Hospital y Rosa
El gobierno dio cuenta ayer de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 y aprobó, en solitario, el expediente de modificación de créditos del presupuesto 2021 que está vinculado. Tal como detalló Caballero, el Ayuntamiento ha cerrado 2020 con un superávit de 5,5 millones de euros, hasta 2,6 de los cuales están comprometidos con actuaciones en ejecución de otros ejercicios mientras que de los 2,8 restantes se puede disponer y se destinarán al Plan de Inversiones – unos 1,8 millones– y al Plan de Reactivación –1 millón. El endeudamiento se ha reducido en 61 millones con respecto al 2019. El plazo de pago a proveedores quedó en 10 días, y la ratio de ahorro neto está en el 6,49%. Martín aludió, en el transcurso del debate, a la situación del Hospital Sant Joan de Reus, que ha concluido en 2020 con 5,5 millones de superávit «con los recursos adicionales que ahora ha abocado a la Generalitat». «Se puede financiar recuperando y la invito a recuperar todo lo que ha puesto la ciudad para salvar las causas de disolución de un hospital, un esfuerzo financiero que no nos tocaba», le decía a Caballero. Llorens, a su vez, valoraba que «el Ayuntamiento no podemos sacar pecho cuando las ayudas de pobreza energética están en una mínima parte de lo que no ha pagado Gas Natural, a quien el TSJC ha anulado la multa por el caso de Rosa». «La multa era de 500.000 euros y el Ayuntamiento ha respondido a la pobreza energética con 125.000», sostenía. Caballero aseguraba que «hemos triplicado la partida, son más de 300.000 euros, y a todo el mundo que tiene las condiciones se le da ayuda».

Ayer prosperó la imposición de contribuciones especiales a los propietarios de los inmuebles de las calles Miró, Santa Helena y Verge Maria para la reforma de pavimento y de suministros que el Ayuntamiento ejecutará en la zona. La intervención tiene un presupuesto de 299.210 euros, 179.526 de los cuales van a cargo de la Diputació, otros 77.794 euros los asumirá el Ayuntamiento y 41.899 lo pagarán los vecinos. En este sentido, Caballero precisaba ayer que «el Ayuntamiento ha aplicado lo mínimo» y «los criterios de reparto se hacen en base a los metros lineales». El pago, de media, será de «187 euros» por propietario, según precisaba, respondiendo así al PSC que lamentaba que las contribuciones «afectan al bolsillo de los vecinos». Caballero sostenía que, en casos concretos, «se pueden hacer fraccionamientos de hasta 5 años». A su vez, Débora García (Cs) mantenía que los trabajos «no traen el especial beneficio para los vecinos» que justificaría las contribuciones y «es posible que los afectados puedan acudir a los tribunales». PSC, CUP y el concejal no adscrito Raúl Meléndez se abstuvieron y Cs posicionó en contra.

También quedó aprobado ayer –hasta el cierre de esta edición– la adhesión a la Alianza Cataluña 2030, la incorporación del Mercado de Anticuarios al reglamento de venta no sedentaria y los precios del Trapezi, así como una moción del PSC contra la precariedad de la juventud y una de Cs para un Plan de Prevención del Suicidio. Se informó de una declaración para pedir la reducción del IVA a servicios vinculados a las actividades deportivas. No prosperó una moción de Meléndez para convertir plazas de zona azul en zona naranja.

Unanimidad para soterrar las torres de El Pinar
Dos mociones impulsadas por la CUP y Cs para trabajar en el soterramiento de las líneas de alta tensión de El Pinar se aprobaron ayer, con enmiendas del gobierno, por unanimidad. La vicealcaldesa de Reus, Noemí Llauradó, detallaba que «se ha reanudado la cuestión teniendo en cuenta que el convenio firmado ya había caducado» y decía que «hemos hablado con los vecinos de la urbanización, el Ayuntamiento de Castellvell, con la Dirección General de Energía, el ICAEN y con el Departament d'Economia». «La clave es que la empresa y la Generalitat se comprometan con su parte, así como lo harán los dos ayuntamientos», añadía. Martín reclamó al gobierno que el acuerdo no se quedara «de nuevo» en papel mojado y el alcalde, Carles Pellicer, le reprochó que «el convenio para sacar las torres fue firmado por el PSC en 2006 y mi gobierno entró en 2011; así, que, en cinco años, su partido no hizo nada».

El gobierno tumba la mejora del barrio de la Muralla
El voto en contra del gobierno rechazó una moción del PSC para «mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio de la Muralla». Entre las propuestas, los socialistas detallaban más contenedores y más limpieza, pavimentaciones y parques. El concejal de Vía Pública, Hipòlit Monseny, repasó varias intervenciones de Brigadas en la zona, reparaciones de hoyos, inspecciones a las luces y explicó que el gobierno tiene previsto ejecutar una intervención en el parque de Federico García Lorca.

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