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Pla mig de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, amb la regidora Montserrat Vilella, entrant al jutjat de Reus enmig de diversos manifestants.

Pellicer: «Tres años después, la justicia reconoce que el 3-O hicimos política»

Plano medio del alcalde de Reus, Carles Pellicer, con la concejala Montserrat Vilella, entrando en el juzgado de Reus en medio de varios manifestantes, en noviembre del 2017.

Pellicer: «Tres años después, la justicia reconoce que el 3-O hicimos política»

La Audiencia archiva la causa contra el alcalde de Reus y cuatro concejales porque entiende que la policía no es un grupo vulnerable y no puede ser objeto de delitos de odio
  • Redacció

Actualizada 23/11/2020 a las 19:43

El Audiencia Provincial de Tarragona ha decretado el sobreseimiento y el archivo de la causa abierta contra el alcalde de Reus, Carles Pellicer; los portavoces Montserrat Vilella (PDeCAT), Noemí Llauradó (ERC) y Jordi Cervera (Ara Reus); y la concejala de la CUP Mariona Quadrada a raíz del manifiesto del 3-O, leído por los representantes públicos en la Mercadal en rechazo a la violencia policial y para pedir la retirada de los agentes alojados en el Hotel Gaudí. Los cinco estaban investigados por un supuesto delito de odio. En la resolución, con fecha del 2 de noviembre y que consta de 15 páginas, la Sección Cuarta precisa que «la lectura del manifiesto no puede estimarse constitutiva de delito de incitación al odio ni mucho menos de un delito contra la integridad moral de los agentes» y detalla que «en esta línea, numerosas resoluciones han entendido que no pueden enmarcar-se en este delito los discursos de odio referidos a policías o funcionarios públicos al no ser grupos vulnerables». La resolución añade que «el pluralismo político es un valor superior del ordenamiento jurídico (...) y un derecho fundamental».
 
En una comparecencia ante los medios, Pellicer ha recordado esta noche que «los portavoces fueron denunciados y llevábamos tres años con esta situación» y ha lamentado que «dicen que la justicia es lenta y no les falta razón». «La justicia era injusta y ciega, dado que no estaba estudiando el caso con la objetividad debida, ni siquiera escuchando ni teniendo en consideración las declaraciones de los testigos». «Hemos estado enfadados y dolidos porque no creemos que fuera justo el trato ni las valoraciones que recibíamos como cargos públicos», ha añadido, y ha concretado que, el 3-O, «nuestra responsabilidad era preservar el orden público y la convivencia; así lo hicimos y siempre he dicho que así lo volvería a hacer». El alcalde ha apuntado que «estoy contento, no por que la sentencia sea favorable, que también, sino porque hace una lectura esmerada de los hechos y fundamentada en el derecho: ahora sí, eso es lo que se espera de la justicia». Y ha valorado que «los políticos tenemos que ser conscientes de que gobernamos para todos nuestros vecinos y vecinas, piensen como piensen, actúen como actúen, vengan de donde vengan, y así lo hicimos el 3-O». Ahora, «tres años después, finalmente, la justicia reconoce que hicimos política, que expresamos legítimamente y con libertad una expresión política, y que nuestra conducta fue pacífica,» ha concluido el alcalde.
 
Por su parte, Llauradó ha detallado que «a mí, lo que me invade ahora es un sentimiento contradictorio» y ha dicho que «las personas que hemos resultado responsos estamos contentas porque llevábamos tres años con la presión que, en cualquier momento, podía salir una sentencia y nos podía condenar a una pena que no era leve y con la posibilidad de inhabilitarnos para ejercer aquello por lo que hemos sido escogidos por la ciudadanía». Sobre el manifiesto del 3-0, ha reiterado que «lo que queríamos era pedir tranquilidad y, después del 1-O, la lectura de aquel manifiesto era una responsabilidad». «Volveríamos a hacer lo mismo porque tenemos el convencimiento de que ni hacíamos nada mal hecho sino que buscábamos el bien de los reusenses, del pueblo al cual nos debemos que son los ciudadanos piensen lo que piensen», ha dicho.
 
Finalmente, a su vez, Vilella ha insistido que «no había base jurídica para el delito de odio y eso es lo que finalmente ha expresado, más de tres años después, esta sentencia». «Hemos pasado más de tres años pensando que se estaba haciendo política en los juzgados y eso nos inquietaba», ha explicado, y ha añadido que «la sentencia nos libera de un peso que no tendríamos que haber llevado nunca y que nos podría haber hecho ir cuatro años a la cárcel». Tanto Vilella como Pellicer y Llauradó han agradecido su tarea a los Advocats Voluntaris de l'1-O y han recordado que «todavía hay muchas personas que injustamente están sufriendo».
 
Un largo periplo
El caso arrancó a raíz de una denuncia de la policía española y, después de llegar a sumar cerca de una veintena de personas investigadas, en diciembre del 2018 el juzgado número 2 de Reus cerró la instrucción y dejó a un paso de juicio Pellicer y los concejales por un supuesto delito de odio. La fiscalía había pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que «no cualquier colectivo o grupo social de personas puede ser víctima de delito de odio, sino sólo aquellos que puedan considerarse vulnerables». Entre otros aspectos, el fiscal hacía referencia al auto del TSJC de junio del 2018 que descartó que los policías fueran un colectivo vulnerable y susceptible de considerarse víctima de un delito de odio. Además, el ministerio fiscal exponía, que, según los investigados, el manifiesto que se leyó el 3-O en la Mercadal estaba amparado por la libertad de expresión, y recordaba que el pluralismo político, la libertad ideológica, la libertad de expresión, y la libertad de reunión y manifestación son derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
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