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Pla mig de tres dels portaveus investigats i l'alcalde, cantant 'Els Segadors' a la sortida del jutjat de Reus.

La Audiencia de Tarragona archiva la causa por|para un supuesto delito de odio contra el alcalde de Reus y cuatro portavoces

Plano medio de tres de los portavoces investigados y el alcalde, cantando 'Els Segadors' a la salida del juzgado de Reus.

La Audiencia de Tarragona archiva la causa por un supuesto delito de odio contra el alcalde de Reus y cuatro portavoces

El tribunal no ve delito en un manifiesto ni en la protesta delante del hotel Gaudí contra agentes de la policía española

Actualizada 23/11/2020 a las 18:20

La Audiencia de Tarragona ha decretado el sobreseimiento libre y la archivación de la causa abierta por un supuesto delito de ocio contra el alcalde de Reus y cuatro portavoces municipales, a raíz del manifiesto firmado dos días después del 1-O para rechazar la violencia policial y para pedir la retirada de los agentes enviados a Cataluña en la operación 'Copérnico'. Los investigados y la fiscalía habían pedido archivar el caso, entre otros motivos por el hecho de que el TSJC ya descartó que el colectivo de policías pudiera considerarse vulnerable. La Audiencia comparte que la protesta que estuvo delante del hotel Gaudí, donde se alojaban agentes de la policía nacional, se enmarca en un contexto de «polémica política» y está amparada por la libertad de expresión.
 
El caso arrancó a raíz de una denuncia de la propia policía española y, después de llegar a sumar cerca de una veintena de personas investigadas, en diciembre del 2018 el juzgado número 2 de Reus cerró la instrucción y dejó a un paso de juicio el alcalde Carles Pellicer y los entonces portavoces municipales Montserrat Vilella (PDeCAT), Noemí Llauradó (ERC), Mariona Quadrada (CUP) y Jordi Cervera (Ara Reus), por los supuestos delitos de incitación al odio y contra la integridad moral.

Los investigados presentaron sendos recursos ante la resolución del juzgado de instrucción para pedir la archivación de la causa y la propia fiscalía descartó presentar acusación contra los investigados. En un auto del 2 de noviembre al cual ha tenido acceso a ACN, la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona ha estimado los recursos presentados por los cinco responsables políticos, además del ministerio público, y ha acordado revocar las resoluciones y decretar el sobreseimiento libre de las actuaciones.

Sobre la concentración que se hizo después de la lectura del manifiesto delante del hotel Gaudí, donde se alojaban policías, la resolución señala que la multitud se reunió lanzando consignas instando a la expulsión de los agentes durante unos 40 minutos. Sin embargo, precisa que ningún manifestante consiguió acceder dentro del establecimiento, que no constan daños en el hotel, ni ningun altercado, incidente o agresión en alguno de los policías alojados.

Los días previos al 3 de octubre del 2017, añaden a los magistrados de la Audiencia, ya había habido «varias concentraciones en el hotel Gaudí con gritos y consignas similares, de manera que las expresiones utilizadas en el manifiesto por los investigados se enmarcan en un contexto de polémica política sobre los hechos ocurridos el 1 de octubre del 2017».

Tal como ya indicó la fiscalía, los magistrados apuntan que no consta que el alcalde Pellicer o los portavoces municipales hicieran «gestiones personales y directas» para que se cancelara el alojamiento de los policías en el hotel. En esta línea, recuerda que el director del hotel dijo que no había habido ninguna cancelación anticipada y que los policías se marcharon del hotel el día que acabó la reserva. También lo corroboró, añade, un inspector jefe del cuerpo.

La lectura del manifiesto, concluyen los magistrados, «no puede estimarse constitutiva del delito de incitación al odio ni mucho menos de un delito contra la integridad moral de los agentes». Apunta que el jefe del operativo dijo que no se sintió asediado y que «el ambiente en la ciudad era hostil sobre todo a partir del día 1 y que las manifestaciones eran casi diarias». En este sentido, el responsable policial detalló que fue el día 2 cuando el encargado de un gimnasio dónde iban les dijo que no podrían acudir más porque otros socios se habían quejado de su presencia. «No puede atribuirse en los recurrentes -Pellicer y los portavoces municipales- el acoso y humillación que afirman haber sentido los agentes por la actuación de algunos ciudadanos de la localidad», concluye la Audiencia de Tarragona.

En la fase de instrucción la magistrada ya había archivado provisionalmente la causa contra dos concejales de la CUP, dos trabajadores de un gimnasio y varios bomberos que habían sido inicialmente investigados también por supuestos delitos de odio contra los mismos agentes de la policía española destinados a Reus.
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