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El portaveu del grup del PSC, Andreu Martín, ahir.

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El portavoz del grupo del PSC, Andreu Martín, ayer.

La oposición en bloque rechaza el «engaño de reforma fiscal» del gobierno de Reus

PSC, Cs y CUP votarán en contra de la propuesta de ordenanzas, en el pleno, porque «no ayuda a los reusenses»

Actualizada 22/10/2020 a las 08:27

El expediente de modificación de ordenanzas que el gobierno de Reus presentó la semana pasada como una «ambiciosa e histórica reforma fiscal» ha chocado con el rechazo frontal de PSC, Cs y CUP, que lo tildan «vergonzoso» y lo consideran un «engaño» a la ciudadanía. La oposición en bloque ya ha adelantado que votará «no» a la propuesta, que pasa por el pleno de mañana viernes.

La divergencia con el equipo del alcalde Carles Pellicer en este aspecto ha llevado a los socialistas a no alegar y embarcarse en la elaboración de una fórmula propia que se dará a conocer en el primer trimestre del próximo 2021. La CUP, que tampoco presenta enmiendas porque se encuentra en desacuerdo con la totalidad del planteamiento, lamenta la «poca voluntad» del gobierno de «contribuir a la mejora de las vidas de las y los reusenses que están sufriendo la crisis económica». Sí que apuesta por hacer alegaciones Cs, que tilda de «decepcionantes» las ordenanzas fiscales, critica que el gobierno «vende humo» y subraya que «tenía la oportunidad de haber ayudado a las familias, autónomos o pymes pero no lo ha hecho». A pesar de haber puesto de acuerdo la oposición en que no favorecerá la población en general, la reforma fiscal prosperará gracias a que Junts per Reus, ERC y Ara Reus gobiernan ahora en mayoría.

El portavoz del PSC, Andreu Martín, explicaba ayer que «como, según Pellicer, esta tenía que ser la reforma fiscal más importante de la historia reciente de la ciudad, esperábamos una comisión con un volumen de propuestas que no se había visto nunca pero lo único que modifica son tres ordenanzas, de un total de 22, que hacen referencia al IBI, el IAE y el ICIO para beneficiar empresas que creen un mínimo de 25 puestos de trabajo establos». El expediente, así, «es un engaño, el engaño más importante de la historia reciente de Reus», apuntaba el socialista, que recordaba que «la verdadera reforma se hizo el año pasado con un incremento del 10% de los tributos».

Ahora que «los impuestos se quedan como están», porque en el 2021 se congelan, Martín se preguntaba ayer «¿para quién gobierna el gobierno? ¿A quién beneficia? A lo que viene importando, unas supuestas grandes empresas que vienen a instalarse». El portavoz del PSC subrayaba que el gobierno «deja morir las pequeñas empresas locales que no saben como aguantar» y «no reduce la presión fiscal». En este sentido, detallaba que Reus es el municipio de más de 50.000 habitantes con el IBI más alto del Estado y la primera ciudad catalana de más de 40.000 habitantes en paro. Por todo ello, Martín hablaba ayer de «reforma anti Robin Hood, que roba a los pobres para favorecer a los ricos». El grupo, «por responsabilidad», trabaja en una propuesta de fiscalidad alternativa que presentará en 2021 porque «la ciudadanía no entiende las prioridades de este gobierno».

Al frente de Cs, Débora García destaca que «eso no es una reforma fiscal» porque, si lo fuera, «comportaría dejar sin efecto la subida indiscriminada de impuestos y tasas que el gobierno hizo el año pasado, e incluiría las bonificaciones que prevé la ley». En este sentido, García recuerda que había una «del 5% de la cuota a favor de quien domicilie los impuestos que el gobierno retiró en 2017 y que tendría que restablecer». Cs sostiene que las modificaciones «no tendrán incidencia sobre la población» porque no fomentan el empleo.

La «política de amiguitos»
Por su parte, la portavoz de la CUP, Marta Llorens, expresaba ayer que «es imperdonable que el gobierno engañe a la ciudadanía con planteamientos que esconden mucha letra pequeña y no haya invertido ni un segundo a replantearlos y que puedan revertir la delicada situación de crisis que sufren las clases populares». La formación recordaba, que desde el confinamiento, «ha aumentado hasta el 4% el número de población reusense con riesgo de exclusión social, 1.300 familias que son 4.000 personas que no tienen acceso a los suministros básicos y eso es muy grave». «No entendemos como ERC, uno de los socios de gobierno que planteaba un giro en términos de fiscalidad, a estas alturas, no haya sabido imponerse y no haya planteado una propuesta de modificaciones que se enmarcara en la fiscalidad progresiva», añadía Llorens. Según la CUP, las modificaciones se han hecho siguiendo los criterios de la «política de amiguitos» mientras «por un lado se desmantelan pequeños puestos del Mercat del Carrilet y por el otro se favorece la construcción de una gran superficie en la Sedera».

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