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Una nueva ordenanza resolverá las incidencias por ruidos en la ciudad de Reus

El pleno de junio validará la comisión encargada de elaborar la normativa, que reemplazará un documento de 1999 y quiere «mejorar la confortabilidad»

Actualizada 04/06/2020 a las 10:46

Medi Ambient ha iniciado los movimientos para aprobar una nueva ordenanza reguladora de ruidos y vibraciones en el municipio que reemplace el documento vigente, con fecha de 1999. El primer paso se consumará en el pleno de este junio cuando se valide la constitución de la comisión que guiará la elaboración de la ordenanza. La futura normativa «regulará la gestión ambiental del ruido, con definición de límites y formas de evaluación, protección y mejora de zonas acústicas, así como la intervención administrativa sobre los emisores acústicos con inspección, control y régimen sancionador».

El concejal de Medi Ambient, Dani Rubio, explica a Diari Més que «la intención es mejorar la confortabilidad acústica de toda la ciudad» y que el documento tendrá una repercusión tangible en este aspecto: «Si, por ejemplo, en una calle, el paso rodado de vehículos genera alguna incidencia, la ordenanza tendrá que buscar los mecanismos para que esté el cumplimiento del mapa de capacidad acústica».

Molestias por el tráfico
Precisamente el mapa de capacidad acústica del cual beberá la ordenanza, aprobado definitivamente en noviembre de 2019, recogía que la mayoría de la población de Reus que se expone diariamente a «niveles de inmisión de ruido que son superiores al máximo permitido» se encuentra ubicada en las «arterias principales del municipio, como son la avenida de los Països Catalans, la de Sant Bernat Calbó o la avenida del President Macià». Las líneas de ferrocarril que transcurren por el norte de la ciudad y el Aeropuerto son otras infraestructuras que se identifican en el mapa como fuentes de ruido, así como las actividades festivas o industriales que se localizan en la zona nordeste de Reus, el polígono Tecnoparc, el AgroReus o la CIM del Camp. La normativa en la que ahora se empezará a trabajar «servirá de cara a lo que tiene que venir, a que el crecimiento de la ciudad se haga ya preparado en este aspecto, pero también a resolver situaciones que ya se dan y solucionar incidencias que se registren».

En todo, Medi Ambient tendrá que trabajar de manera coordinada con un volumen importante de concejalías dado que ajustar la realidad del municipio a la nueva ordenanza puede implicar «entre otros, estudios de movilidad.» Los ámbitos en los que la ordenanza hará frente no se limitan sólo al tráfico, sino que abarcan cualquier fuente de ruido en la calle, una cuestión que genera cíclicamente quejas entre el vecindario de la ciudad por múltiples causas. Entre estas hay, tal como recoge la memoria de necesidades de la redacción de la ordenanza, relaciones víviques, tenencia de animales o carga y descarga de mercancías.

La comisión que se hará cargo de elaborar la ordenanza de ruidos «estará integrada por miembros de los diferentes grupos municipales que no tienen por qué ser concejales», aunque Rubio deja claro que su misión será «elaborar un documento técnico, donde las limitaciones acústicas no se deciden políticamente». Si el pleno se celebra el 19 de junio, «queremos que en un plazo de 15 o 20 días, a principios de julio, pueda haber una primera sesión donde también estaría el departamento técnico del Ayuntamiento y la empresa que ayudó a desarrollar el mapa de capacidad acústica». «Con el paso del tiempo la ciudad se ha expandido y es necesario que la ordenanza se adapte» concluye Rubio. La tramitación que ahora se pone en marcha, de hecho, responde a una intención que el gobierno ya había hecho pública el pasado mandato. Y viene marcada por cambios a diferentes leyes y directrices europeas.

Se abre consulta previa


Como paso previo al inicio de los trabajos de redacción, y tal como marca el Reglament de Participació Ciutadana de Reus, se ha activado una consulta pública previa para captar opiniones sobre los problemas que se pretenden solucionar con la normativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras. La consulta tiene una duración prevista de 15 días.

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