El juez de Innova declara las piezas 3 y 5 complejas y envía la 7 a juicio

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha declarado complejas las piezas 3 y 5 de la macrocausa Innova, abiertas ennoviembre del 2013 y en las que no figura hasta el momento ninguna persona investigada. En dos autos con fecha de este 2 de diciembre y que fueron notificadas en las partes ayer, a las que ha tenido acceso DiariMés, el magistrado recoge las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal y la CUP y gana 18 meses para continuar la instrucción. El plazo es ampliable para otros 18 meses o menos «a instancias del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes». La CUP había pedido para ambas piezas, tal como adelantó este rotativo, la práctica de nuevas diligencias, dado que casi no se han hecho movimientos.

La pieza 3 de Innova investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación que se podrían haber cometido en el seno del Ayuntamiento de Reus y del holding Innova en el marco de las contrataciones de personal y contraviniendo la ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público. Estaba configurada en torno a «la contratación de Josep Prat como director general de servicios del Ayuntamiento de Reus, la de Joan Carles Ferraté como gerente de servicios del mismo Ayuntamiento o la de personal directivo de empresas dependientes de Sagessa». Al menos en el momento de la apertura, hacía también referencia a las incorporaciones «del hijo de un concejal en Rellsa, la presencia de familiares de cargos políticos trabajando enInnova o el ejercicio del mando de la Guardia Urbana de Reus poruna persona sin las credenciales necesarias», todos ellos «hechos de suficiente entidad como para proceder a la investigación judicial».

A su vez, la pieza 5 se centra en la compaginación de cargos de Josep Prat y la posibilidad de que generaran un «conflicto de intereses». Parte de un atestado de la Guardia Civil del que «se desprenden indicios para considerar que Josep Prat ha podido cometer delitos contra las administraciones públicas en haber ocupado cargos de manera simultánea en Innova-Sagessa (Ayuntamiento de Reus), el InstitutCatalà de la Salut (Generalidad), el Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario (Generalitat) y en el grupo sanitario privado USP Hospitales (después fusionado con Quirón)». En el auto de apertura, el juez reflejaba que «la presencia de Josep Prat enentes públicos de la Generalitat o del Ayuntamiento de Reus le facilitaría información estratégica sobre la situación del sistema catalán de salud. Esta podría ser usada en beneficio del grupo privado USP Hospitales, donde igualmente ejercía un cargo con un grave conflicto de intereses, infringiendo la Ley 15/2007 de 3 julio de Defensa de la Competencia».

Los nueve convenios con Sagessa

Todavía en un tercer auto, también con fecha del 2 de diciembre y notificada a las partes ayer, queha podido consultar este rotativo, el magistrado da por finalizada la instrucción de la pieza 7 de Innova y activa el plazo para que las partes soliciten la apertura de juicio. La pieza 7 dirime «presuntos delitos derivados de la materialización de convenios saltándose los trámites legales de los procesos de licitación de contratos» entre Sagessa y Ambulebre, en el periodo comprendido entre 2008 y 2011. Se trataría de nueve convenios que ascenderían a 1.444.000 euros y que «según la ley de Contratos del Sector Público, tendrían que haber sido contratos administrativos» pero «se firmaron con una omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido» para ofrecer servicios «concertados de forma irregular». El plazo para pedir la apertura de juicio, el sobreseimiento o diligencias indispensables finaliza el 3 de febrero del 2020. El auto se puede recurrir.

En la pieza 7, el juez investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales al director de Sagessa, Lluís Nualart; el director de Ginsa, Enric Agustí; el gerente del área operativa del ámbito territorial del grupo Sagessa, Joan Maria Benet; y el responsable de la mercantil Ambulebre, Bernardo García Coslado. Todos ellos ocuparon estos cargos entre 2008 y 2011. Instrucción 3 de Reus considera que «se hicieron convenios cuando se tendrían que haber hecho contratos», que estos «se pagaron a un precio superior» y que «se emitieron facturas para ocultar el origen delictivo de los trabajos».