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Una imatge d'arxiu de la façana de l'edifici dels Jutjats de Reus.

La falta de financiación deja Reus sin el octavo juzgado de instancia

Una imatge d'arxiu de la façana de l'edifici dels Jutjats de Reus.

La falta de financiación deja Reus sin el octavo juzgado de instancia

La Generalitat exige al Estado que pague la puesta en marcha del órgano, que tenía que entrar en funcionamiento el día 31 y no abrirá

Actualizada 10/12/2019 a las 20:50

El nuevo juzgado de Primera Instancia número 8 de Reus, cuya creación acordó el Ministerio de Justicia en abril y que tenía que entrar en funcionamiento este 31 de diciembre, no se pondrá, finalmente, en marcha, tal como detallan fuentes de la Generalitat al Diari Més. El Departamento de Justicia remitió, en julio, una carta al gobierno español donde manifestaba la «necesidad» de que el Ministerio «asuma el gasto» tanto de los 14 nuevos órganos aprobados en Cataluña en el 2017 como de los 12 que se aprobaron en abril, entre los cuales hay Primera Instancia 8 de Reus.


A sólo 20 días de la fecha que inicialmente el Estado fijó para su apertura, las mismas fuentes precisan que «no lo podremos poner en marcha» y que «no hay un nuevo calendario para hacerlo». En idéntica situación se encontrarían, pues, los otros 11 órganos proyectados por el Ministerio en el territorio.

La Generalitat está gestionando los recursos humanos, tecnológicos, logísticos y materiales de la Administración de justicia desde 1996, y cifra en «unos 15 millones de euros el año, sobre el presupuesto del Departamento de Justicia» el impacto global de estos 26 juzgados. De hecho, entre los que recibió luz verde en el 2017 había otro de Reus, Primera Instancia número 7, que sí que atiende casos desde septiembre del año pasado. En la comunicación enviada al Ministerio de Justicia, la consellera Ester Capella «ya había recordado que estos nuevos juzgados aprobados en abril sólo se harán realidad cuando el Ministerio de Justicia asuma el coste de su puesta en marcha».

Una docena en Cataluña
El resto de juzgados que se anunciaron en abril para Cataluña, dentro del Real Decreto de creación de 75 unidades judiciales en el Estado, son Primera Instancia número 60, Mercantil número 12, Social 34 y Social 35 de Barcelona; Social número 3 de Terrassa; Primera Instancia 8 de Arenys de Mar; Primera Instancia 6 de Vic y tres plazas de magistrado en las secciones civiles de la Audiencia de Barcelona y otra para la sección penal 21 de Barcelona. Ninguno de ellos se materializará, en principio, como mínimo hasta que entre la financiación que la Generalitat reclama desde hace meses.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) había incluido el juzgado Primera Instancia 8 de Reus entre las peticiones formuladas en materia de nuevas unidades judiciales para el 2019. Si se hubiera abierto, se ubicaría en el actual edificio de los Juzgados de Reus. El TSJC conoce y ha puesto encima de la mesa|tabla de manera reiterada «graves problemas de congestión» en los juzgados de Instancia de Reus, donde ha apuntado «retrasos y disfunciones» motivadas por el hecho que se ingresan «más del doble de asuntos de lo que marcan los módulos del Consejo General del Poder Judicial». En Reus, la tasa de pendència «ha aumentado» en la mayoría de juzgados, «de manera acentuada en los juzgados de Instancia, Social y Penales», se mantiene en Violencia sobre la Mujer y baja en los juzgados de Instrucción. En general, los ocho partidos judiciales que integran el mapa de la demarcación de Tarragona «superan los módulos fijados por el CGPJ», según queda reflejado en la memoria de la Audiencia de Tarragona 2018, que se hizo pública este septiembre.

La Generalitat se queja de que, a lo largo de las últimas dos décadas, «el Departamento de Justicia ha acondicionado los espacios, ha suministrado los equipamientos y ha pagado las nóminas de los profesionales necesarios para activar 56 órganos judiciales nuevos que, en su conjunto, han representado un gasto acumulado de 280 millones de euros en nóminas completamente autofinanciados por el mismo Departamento». Y asegura que «aparte de renunciar a la financiación de los nuevos juzgados, el Estado tiene en Cataluña 10 jueces por cada 100.000 habitantes. En cambio, la media española se sitúa en 11 jueces».

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