El presupuesto municipal del 2020 «incumple la ley», según el PSC de Reus

El grupo municipal del PSC de Reus ha presentado alegaciones contra las ordenanzas fiscales y el presupuesto municipal del 2020, aprobados al pleno del 25 de octubre. Con respecto al presupuesto, tal como detallan desde el partido, la alegación «se centra en el incumplimiento del artículo 18 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de Presupuestos, que pone como requisito que, para elevar el presupuesto a la consideración del pleno, este tiene que contener un anexo de las inversiones a realizar durante el ejercicio». En Reus, «en el anexo no constan las inversiones y únicamente se limita a repetir la cuantía total de la partida de inversiones con la única concreción de los destinos referidos a la amortización de créditos a largo plazo para la construcción de los equipamientos municipales», según precisan desde la formación socialista.

La alegación pide que se dé cumplimiento a la ley y se presenten especificadas las inversiones a realizar en el anexo correspondiente.

Sobre las ordenanzas fiscales, que «en la mayoría de casos implican un aumento de 9,75%», el PSC alega porque considera «durísimo» el incremento. El portavoz socialista, Andreu Martín, critica que «el gobierno lo justifica por la subida del IPC de los últimos ocho años pero no tiene en cuenta que el poder adquisitivo de muchas familias no ha subido y los ciudadanos ya sufrieron un aumento muy importante de los impuestos, en especial de basura y el IBI en el primer mandato de Pellicer».

El grupo municipal socialista entiende que los aumentos «no se adecuan a los criterios de justicia social por los cuales tiene que trabajar un gobierno y demuestran una falta de sensibilidad hacia muchas familias de la ciudad que, si en estos momentos se lo están pasando mal, a partir del 2020 se lo pasarán peor». Las alegaciones hacen referencia al IBI, la plusvalía, la tasa de basura, la tasa por la retirada de vehículos, la tasa por utilización del vuelo, suelo y subsuelo de la vía pública y el precio por el servicio de residuos comerciales y servicios especiales de limpieza, recogida y gestión de otros residuos.

El «rigor jurídico» de las cuentas

A su vez, fuentes municipales sostienen que «el expediente de ordenanzas y presupuestos cumple la normativa y tiene el aval del interventor municipal con respecto a su rigor jurídico». Añaden que «la ley en ningún momento especifica que las inversiones se tengan que detallar en el expediente. El expediente incluye la partida global destinada a inversiones pero no el detalle porque está vinculado al PAM, que no se ha podido explicar por las limitaciones de la ley electoral» y precisan que «el gobierno celebra que el PSC haya presentado alegaciones porque las ve como una propuesta, aunque habría preferido que fueran más concretas.» El gobierno «evaluará las propuestas y hará una valoración económica ya que, a priori, parece que apunten hacia un incremento de la presión fiscal, en contradicción con la crítica que hasta ahora había hecho el PSC». Martín comenta, en relación en eso, que «a veces, quién no tiene argumentos, se los inventa» y adelanta que «si finalmente hacen esta valoración, lo estudiaremos. En todo caso, cuando se pide que ciertos tributos no se apliquen, es difícil pensar que se busque incrementar la presión fiscal».