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La d'ahir va ser la primera de les tres reunions entre el departament de Treball, les diputacions i els municipis.

Endesa se enfrenta a sanciones si ejecuta la amenaza de los cortes de luz

La de ayer fue la primera de las tres reuniones entre el departamento de Treball, las diputaciones y los municipios.

Endesa se enfrenta a sanciones si ejecuta la amenaza de los cortes de luz

Es el aviso de la Generalitat ante la exigencia de la empresa de cobrar el 50% de la deuda que las familias vulnerables han generado

Actualizada 02/09/2019 a las 19:59

El Gobierno ha instando a Endesa a retirar la amenaza del corte de luz de las familias vulnerables y alerta que, si lo cumple, se enfrentará a posibles expedientes y sanciones.

La Diputació de Tarragona, a través del vicepresidente Quim Nin, estuvo presente ayer en la primera de las tres reuniones que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha programado esta semana por articular una respuesta conjunta a la amenaza de Endesa, que avisa de que desconectará la luz a abonados vulnerables si no cobra el 50% de la deuda que estos han generado. En la misma cita también asistieron representantes de las otras tres diputaciones, la Associació Catalana de Municipis y la Federació de Municipis de Catalunya.

En una rueda de prensa posterior al encuentro, el conseller de Treball, Chakir El Homrani, apuntó que el primer paso a hacer será remitir una comunicación a Endesa y a los ayuntamientos para recordar que el «terreno de juego» es la ley 24/2015, que impide los cortes de luz a las familias reconocidas como en situación de vulnerabilidad.

En el ultimátum que la suministradora había enviado a los ayuntamientos de localidades catalanas con más de cinco usuarios con contrato pero que no pueden hacer frente a las facturas, Endesa anunciaba que, si la administración no les ingresaba la deuda, iniciarían las desconexiones de estos hogares a partir del 1 de octubre. En este sentido, El Homrani alertaba ayer de que, si cumple esta amenaza, la compañía se enfrenta a expedientes y posibles sanciones. Fuentes de la Diputació consultadas por el Diari Més precisan que el órgano está al lado del gobierno catalán en este frente y valora positivamente la coordinación que se está produciendo entre todas las entidades implicadas. El papel de la Diputació resulta relevante en este aspecto por el volumen de ayuntamientos que han recibido la carta con el ultimátum de Endesa en la demarcación de Tarragona.

Según datos facilitados por la misma suministradora, son un total de 27 con 1.553 abonados con contrato y en situación de vulnerabilidad que acumulan una deuda global de 1.509.447 euros.

Tarragona, la deuda mayor
Tarragona es la ciudad donde Endesa contabiliza más deuda, 342.927 euros generados por 370 usuarios vulnerables. Reus tiene una deuda de 268.619 euros por 338 abonados y el Vendrell, 151.244 euros por 133 usuarios vulnerables. A los 27 ayuntamientos Endesa les reclama que asuman el 50% de la deuda de estas familias. Algunos como el de Reus ya habían adelantado hace unos días que estudiarían jurídicamente la carta de Endesa.

Reacción del tercer sector
Las entidades del tercer sector han recibido con optimismo la posición unitaria de la reunión. El portavoz del el ámbito de la energía de la Mesa del Tercer Sector, Martí Batllori, recalcó que no se puede amenazar con los derechos a las personas e insistió en que el de la energía está «reconocido» y se tiene que «respetar». Por eso, celebró la respuesta conjunta y pidió a la Generalitat que lidere la respuesta a Endesa para que ponga «por delante el derecho de las personas». Con respecto a las concreciones del posible convenio, Batllori dejó en manos de las administraciones, a pesar de insistir en que en ningún caso se puede poner en duda el respeto a los derechos de las personas.

Con respecto a la Alianza de la Pobreza Energética (APE), la portavoz Maria Campuzano manifestó, antes de entrar al encuentro, que las reclamaciones de Endesa a la administración le parecían «ilegítimas» porque considera que la deuda acumulada por las familias vulnerables son culpa de las mismas empresas de electricidad que no han querido suscribir los convenios propuestos por la ley y que son responsables, también, que menos del 30% de las familias vulnerables se puedan acoger al bono social de la compañía. Por eso, exige que la deuda, de 21 millones de euros, sea asumida por la misma compañía, atendiendo que los beneficios del 2017, ha dicho Campuzano, fueron de 1.511 millones de euros.
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