La CUP de Reus exige al Ayuntamiento que sea «valiente» con Endesa

«Responsabilidad y valentía». Es lo que exige a la CUP al gobierno de Reus «para hacer frente a las amenazas de Endesa», que reclama al Ayuntamiento –igual que a otros 26 de la demarcación– el 50% de la deuda generada desde la aplicación de la ley 24/2015 por los abonados vulnerables y que no pueden hacer frente al recibo de la luz. En el caso de la capital del Baix Camp, la suministradora tiene registrados hasta 338 hogares en esta situación y contabiliza una deuda de 268.619 euros. A principios de mes dirigió una carta a alcaldía donde detalla estas cifras e insta a que la deuda sea cofinanciada con el Ayuntamiento. Es decir, pide un total de 134.309 euros y anuncia que, si es que no los ingresa, podría empezar a desconectar estos hogares que no están pagando a partir del día 1 de octubre.

La concejala de Bienestar Social, Montserrat Vilella, ya ha apuntado que el Ayuntamiento está en contacto con el Departament de Treball, con la Associació de Municipis de Catalunya y con otros ayuntamientos y que estudiará jurídicamente la carta de Endesa.

El concejal cupaire Edgar Fernàndez denunciaba ayer el «abuso y poder» de las suministradoras: «Estas comunicaciones atentan contra los mínimos indispensables para sobrevivir de cualquier persona». Fernàndez recuerda que «las grandes empresas no cumplen los protocolos sociales de cortes de suministro ni se han adherido al convenio de las administraciones catalanas del 2017». Además, asegura que «la amenaza de cortes de suministro a las familias vulnerables incumple de manera flagrante la ley 24/2015».

Una moción aprobada en enero

En este sentido, el pleno de enero de 2019 aprobó una moción de la CUP para que «en la próxima licitación de los suministros de energía, el Ayuntamiento fije como requisitos el cumplimiento de las leyes vigentes en materia del consumidor vulnerable y otros parámetros de economía social y medioambiental», además de exigir a la Generalitat «poner en marcha el organismo interdepartamental para el correcto desarrollo la Ley 24/2015».

«No se trata de hacer movimientos presupuestarios para salvar esta situación, porque el abuso de las grandes empresas continuará. Se trata de blindar los derechos y garantizar unas condiciones de vida dignas a toda la población», defiende Fernàndez. La formación ha iniciado contactos de urgencia con actores sociales y políticos de la ciudad con el fin de dar una respuesta conjunta y presionar el gobierno municipal. A raíz de un tuit donde la CUP difundía esta misma exigencia, Vilella respondía ayer en las redes que «para hacer frente a la pobreza energética no nos falta de valentía pero creo que necesitaremos alguna cosa más que un tuit».

A su vez, Som Poble-ERC del Vendrell considera que el primer paso a hacer es «trabajar para que la empresa se desdiga de la amenaza de cortar la luz a 133 familias del municipio y negarse a pagar los 75.000 euros que exige Endesa».