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El TSJC detecta la necesidad de otro juzgado de lo penal y uno social en Reus

La memoria 2018 también identifica la falta de un nuevo juzgado de primera instancia, el número 8, que se abrirá el 31 de diciembre

El acceso principal al edificio de los Juzgados de Reus.

El acceso principal al edificio de los Juzgados de Reus.Olívia Molet

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) detalla, en la memoria 2018 que hizo pública a finales del pasado mes de junio, las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales en el territorio, donde figuran hasta 47 juzgados y 21 plazas de magistrado. En relación en el partido judicial de Reus, estas necesidades se concretan en tres juzgados: uno de primera instancia, un juzgado de lo penal y un juzgado de lo social. Los tres los propuso el TSJC para ser incluidos en el plan de creación de órgano judicial 2019. Sólo uno, sin embargo, ha quedado finalmente dentro y tiene fecha de materialización. Se trata del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Reus, que se activará el 31 de diciembre. Las peticiones del penal y el social, así, no habrían estado esta vez tenidas en cuenta.

La memoria 2018 del TSJC refleja también datos de interinato y precisa, en el caso de Reus, que el porcentaje llega al 56,3% de la plantilla, más de la mitad de los trabajadores.

Primera Instancia 8 de Reus está comprendido en el Real Decreto de creación de 75 unidades judiciales por todo el Estado –12 de las cuales en Cataluña- correspondientes a la programación de 2019. El juzgado, cuando se ponga en marcha, ocupará un lugar en el edificio de la avenida Marià Fortuny, donde habría espacio disponible para acogerlo, tal como apuntan desde el Departament de Justícia.

El TSJC conoce y ha puesto encima de la mesa de forma reiterada «graves problemas de congestión» en los juzgados de instancia de Reus, donde apunta «retrasos y disfunciones» motivadas porque aquí se ingresan «más del doble de asuntos de lo que marcan los módulos del Consejo General del Poder Judicial».

Un refuerzo concedido

Hace pocas semanas, la Sala de Govern del TSJC acordó, a la espera de realizar próximos trámites, conceder al Juzgado de lo Penal número 2 de Reus el refuerzo solicitado por su titular para aligerar la elevada carga de trabajo que registra este órgano. A fecha de marzo del 2019, el juzgado acumulaba 731 asuntos pendientes de juicio. La cifra, según la consideración de la misma sala, «supera de largo la media del mismo partido, la de la comunidad autónoma y la nacional». El TSJC atribuye la situación del Penal número 2 a «múltiples factores», entre los cuales se encuentran «la discontinuidad funcional prolongada y un aumento muy significativo de los asuntos de entrada».

Tal como está previsto a estas alturas, el refuerzo tendría forma de una comisión de servicios sin relevo de funciones. Es decir, que el juez que diera apoyo al Penal 2 lo haría como un trabajo añadido a la suya de propia que desarrolla en el juzgado de procedencia. El lugar se abrió a candidatos a través de un concurso y la Sala de Govern del TSJC propone, tal como se dio a conocer en sesión del 25 de junio, que lo ocupe el magistrado del Juzgado de Menores de Tarragona Jesús Maria del Cacho Rivera «porque tiene el mejor número de escalafón entre los solicitantes y amplia experiencia en las funciones de enjuiciamiento».

De la manera que se contempla en esta fase, el refuerzo tendría una duración inicial de seis meses y despacharía hasta «22 asuntos al mes, asumiendo la competencia de aquellos asuntos que se determinen y que tendrán que corresponder a los que tengan una pendència más antigua», en los que arrastren más tiempo esperando ser juzgados en el Juzgado de lo Penal 2 de Reus. Este sería el segundo refuerzo, junto con el de Instrucción número 3 que lleva Innova.

El juez decano de Reus, Diego Álvarez de Juan, valoraba hace unos meses en una entrevista en el Diari Més que «Reus necesita más juzgados en todos los ámbitos. Vamos colapsados. Harían falta tres o cuatro juzgados más civil, tres o cuatro de instrucción, un penal más y otro juzgado de lo social. Eso supondría duplicar la planta judicial. España necesita juzgados». En la misma línea se han expresado en más de una ocasión desde el Col·legi de l'Advocacia de Reus.

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