Los acusados del caso Tecnoparc pactan 810 euros de multa y evitan la prisión

Los cuatro investigados por el caso Tecnoparc han firmado hoy un acuerdo de conformidad que ha evitado la celebración del juicio, programado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona y que tenía que alargarse hasta mañana, 15 de mayo, después de cerca de siete años de instrucción. El expresidente de la empresa Tecnoparc, Àngel Cunillera; el exconcejal de Urbanisme y exconsejero de la misma sociedad, Jordi Bergadà; el exgerente del Tecnoparc, Xavier Gómez y el empresario Ramon Urgellès han aceptado la condena de un año, cuatro meses y quince días de prisión por un delito continuado de falsedad de documentación mercantil y un delito de malversación de fondos públicos. La pena, con todo, no se ejecutará porque es inferior a dos años y ninguno de los investigados acumulaba antecedentes. De inicio, el Ministerio Fiscal pedía entre cuatro y seis años para cada uno de ellos.

El acuerdo con la Fiscalía también incluye una multa de cuatro meses y quince días a razón de seis euros diarios, es decir, unos 810 euros por cabeza que Cunillera, Bergadà, Gómez y Urgellès sí que tendrán que pagar y que abonarán «de manera inminente» en un plazo de 30 días por el delito de falsedad documental. Por el de malversación de fondos públicos, quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante un año y medio. El caso, originado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Reus, dirimía el cobro indebido, por parte de Cunillera y Bergadà, de unos 115.000 euros facturas por trabajos que no quedaron acreditados. Los movimientos habrían sido autorizados por Gómez y Urgellès.

El pacto que ha permitido a los cuatro eludir la prisión se ha cerrado hoy hacia las once del mediodía, dos horas después de la hora en que los acusados habían sido citados a declarar, sin que llegara a iniciarse el juicio. Anteriormente, se habían mantenido conversaciones con la Fiscalía que no llegaron a culminar en un acuerdo total, muy probablemente por las reticencias de uno de los investigados a adherirse.

Reparación de daños

Tanto Cunillera –cerca de 81.200 euros– como Bergadà –unos 33.900 euros– han devuelto los 115.000 euros a las arcas municipales y estos han revertido mejoras en las instalaciones de Redessa 1. La «reparación de los daños» ha sido tenida igualmente en cuenta en las condiciones del acuerdo para esquivar el juicio. La sentencia condenatoria se ha dictado hoy mismo, en una de las salas de vistas de la segunda planta de la Audiencia de Tarragona donde tres magistrados habrían tomado declaración a los investigados y a las «diversas decenas de testigos» que habían obligado a repartir el juicio en tres días.

El «mal menor»

El abogado de Cunillera, Víctor Mercedes, ha valorado hoy como «el mal menor» el acuerdo y ha concretado a Diari Més que el expresidente del Tecnoparc «trabajó mucho para aquel proyecto, que fue muy exitoso». «Los importes de las facturas», tal como ha concretado, «han sido restituidos». Aunque «no había documentación de apoyo» de las facturas, Cunillera «trabajó y prestó muchos servicios», subrayaba Mercedes, que ha apuntado que «lo más adecuado habría sido que las incidencias formales y documentales se hubieran podido gestionar adecuadamente y se hubiera podido entender todo lo que él hizo por aquel proyecto, que fue prácticamente todo, sin haber llegado a esta situación de juicio».

Por su parte, el abogado de Urgellès, Josep Maria Pou, ha hecho un balance «positivo» del pacto con la Fiscalía y ha recordado, igualmente que «se había devuelto todo el dinero». Precisaba, además, que el acuerdo «se ha cerrado hoy definitivamente» y que antes, «había habido conversaciones» pero que «faltaban flequillos que se tenían que acabar de tratar con el Ministerio Fiscal».

Denuncia de Ahora Reus

Los 115.000 euros que motivaban el caso fueron consignados por Cunillera y Bergadà en el juzgado en primer término y, posteriormente, reingresados a Redessa, a raíz de la denuncia impulsada en este sentido por Ara Reus el año 2012. Por eso, la formación optó por apartarse del caso el verano pasado. El concejal Dani Rubio explicaba en junio del 2018 que «si se devolvía el dinero en la ciudad, que es lo que buscábamos, ya dijimos que no continuaríamos y no lo haremos». El mismo momento consumó, de manera paralela, el Ayuntamiento de Reus, que «perseguía el reintegro del importe» y, una vez eso ocurrió, igualmente decidió «desistir de continuar a la causa».

El dinero ha revertido en mejoras en las instalaciones del centro de empresas de Redessa 1. El pasado noviembre, de hecho, el edificio del Camí de Valls inauguró un nuevo comedor con zona de vending y cafetería, y un espacio en cocina office con fregadero, nevera y microondas y un total de 17 mesas|tablas y 60 sillas. También se intervino, con estos fondos, sobre el hall de entrada, el cual se ha habilitado como espacio creativo al estilo del Tecnoparc.

Sin Ara Reus ni el Ayuntamiento a la causa, la Fiscalía pedía para los investigados penas de entre cuatro y seis años de prisión e inhabilitaciones. Finalmente, sin embargo, después de aceptar los delitos y llegar a un acuerdo con la misma Fiscalía, la condena se ha quedado en un año, cuatro meses y 15 días de prisión y en una sanción que asciende a 810 euros.