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Cunillera (a la foto) i Bergadà han tornat 115.000 euros.

La Audiencia de Tarragona juzgará el caso Tecnoparc del 13 al 15 de mayo

Cunillera (en la foto) y Bergadà han devuelto 115.000 euros.

El lunes empieza el juicio por el caso Tecnoparc en la Audiencia de Tarragona

La Fiscalía pide penas de prisión para los investigados a los que se les acusa de falsedad documental y de malversación de fondos públicos

Actualizada 10/05/2019 a las 14:18

El juicio por las facturas del Tecnoparc comenzará este lunes en la Audiencia Provincial de Tarragona y se alargará hasta el miércoles, 15 de mayo. El Juzgado de Instrucción 1 de Reus ha redirigido el caso, que estudia cobros presuntamente irregulares por parte de cargos vinculados al Tecnoparc y por valor de unos 115.000 euros, a los juzgados de Tarragona.

Como investigados figuran el expresidente de la empresa Tecnoparc, Àngel Cunillera; el exconcejal de Urbanism y exconsejero de la misma sociedad, Jordi Bergadà; el exgerente del Tecnoparc, Xavier Gómez y el empresario Ramon Urgellès. Se les acusa de falsedad documental y de malversación de fondos públicos, y la Fiscalía pide penas de prisión.

Para la jornada del lunes, se espera el interrogatorio de los acusados por parte del abogado de la acusación, el Ministerio Fiscal y los abogados de las defensas. Además, los primeros testigos propuestos por las diferentes partes empezarán a pasar ante el juez. El gran volumen de testigos en este juicio hará que estos continuen pasando por la Audiencia durante el martes.

Durante la segunda jornada, declararán los autores de los informes técnicos encargados por las partes o por el juez instructor para demostrar o refutar los indicios que hay contra los acusados. También se espera que se revisen y reproduzcan en la sala todos aquellos documentos que presentan las partes que comparecen al juicio.

El miércoles, el juicio seguirá con las pruebas periciales y documentales. Acabada toda la fase de prueba, el presidente de la Sala dará la palabra al fiscal y a las acusaciones para que informen sobre los hechos, califiquen los delitos, la participación de los acusados y la responsabilidad civil. Está en este momento donde pueden modificar el escrito de conclusiones provisionales que se presentaron en la fase intermedia. Después será el turno de los abogados de la defensa.

Retorno de los 115.000 euros
Tanto Cunillera –cerca de 81.200 euros– como Bergadà –unos 33.900 euros– han devuelto los 115.000 euros que habrían percibido supuestamente de manera indebida a través de facturas relacionadas con el Tecnoparc y sin justificar. El dinero fue consignado al juzgado en primer término y, posteriormente, reingresados en Redessa, a raíz de la denuncia impulsada en este sentido por Ara Reus el año 2012. Por eso, la formación optó por apartarse del caso el verano pasado. El concejal Dani Rubio explicaba en junio del 2018 que «si se devolvía el dinero en la ciudad, que es lo que buscábamos, ya dijimos que no continuaríamos y no lo haremos». El mismo momento consumó, de manera paralela, el Ayuntamiento de Reus, que «perseguía el reintegro del importe» y, una vez eso ocurrió, decidió «desistir de continuar a la causa».

Fondos reinvertidos en Redessa 1
Los 115.000 euros que Redessa ingresó, a junio, vinculados al caso Tecnoparc, han revertido en mejoras en las instalaciones del centro de empresas de Redessa 1. El pasado noviembre, el edificio del Camí de Valls inauguró un nuevo comedor con zona de vending y cafetería, y un espacio en cocina office con fregadero, nevera y microondas y un total de 17 mesas y 60 sillas. También se intervino, con estos fondos, sobre el hall d'entrada, el cual se ha habilitado como espacio creativo al estilo del Tecnoparc.

Sin Ara Reus ni el Ayuntamiento en la causa, Fiscalia pide para los investigados penas de entre 4 y 6 años de prisión e inhabilitaciones. En detalle, y según quedó recogido en el 2017 en el escrito de solicitud de apertura de juicio, el Ministerio Fiscal pide seis años de prisión para Cunillera, cinco años y ocho meses para Bergadà, cinco años para Gómez y cuatro años y ocho meses Urgellès. La Fiscalía apunta delitos de continuidad de falsedad de documento mercantil en concurso medial con uno de malversación de fondos públicos, y pide la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos durante entre ocho y diez años para Cunillera, Bergadà, Gómez y Urgellès. También reclamaba el retorno de los 115.000 euros que ya se han recuperado.
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