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Economía

Luz verde del Parlamento para que la Generalitat se haga cargo del Sant Joan

La validación del Decreto ley 1/2019 permite apartar 62.700.000 euros para la entidad de derecho que asuma la gestión y gobernanza del Hospital

Una imagen de archivo del Hospital Sant Joan de Reus.

Luz verde del Parlamento para que la Generalitat se haga cargo del Sant JoanOlívia Molet

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El pleno del Parlamento ha validado, en sesión de este 6 de febrero, el Decreto ley 1/2019, que permite la Generalitat y las entidades financieras del sector público formalizar operaciones de endeudamiento mientras no se aprueben los presupuestos para el 2019. Uno de sus apartados hace referencia directa al Hospital Sant Joan de Reus, y acuerda apartar 62.700.000 euros para la entidad de derecho público que se tendría que hacer cargo de la gestión y la gobernanza del centro a partir del segundo semestre del año. Supone, así, un paso adelante en este proceso, anunciado por el director del CatSalut, Adrià Comella, en una visita a Reus en diciembre y que parece haber empezado a ponerse negro sobre blanco.

El decreto, el cual había sido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el pasado 10 de enero, ha recibido ahora la luz verde del Parlamento con 60 votos a favor, 4 en contra y 65 abstenciones. Durante el debate generado sobre este punto del orden del día, se hizo alusión explícita al centro sanitario reusense. «Tenemos que estar atentos», apuntaba la diputada a Teresa Pallarès (JxCat), a la «entidad de derecho público que asume la prestación de servicios públicos de salud a la ciudad de Reus y a su área de influencia con la asunción de los pasivos financieros derivados de la construcción del Hospital Sant Joan».

Construcción del centro

El punto que aborda el futuro del Sant Joan de Reus es, en detalle, el 1.2.b del Decreto ley 1/2019, que fija que «en el caso de las entidades del sector público de la Generalitat, sólo se pueden prever nuevas operaciones de endeudamiento por el importe necesario para cubrir las amortizaciones previstas dentro del ejercicio 2019, de manera que no se incrementa el saldo vive del endeudamiento a 31 de diciembre de 2018». El mismo punto concreta dos excepciones a la norma, una de las cuales es «la entidad de derecho público que asuma la prestación de los servicios públicos de salud a la ciudad de Reus y su área de influencia, que puede aumentar su deuda por el importe que se derive de la asunción de los pasivos financieros derivados de la construcción del Hospital Universitario Sant Joan de Reus, hasta un máximo de 62.700.000 euros». La letra a del mismo punto se endereza al Consorcio Hospitalario de Vic y la integración de la Fundación Hospital Santo Jaume de Manlleu, sobre la cual fija el tope en 6.427.280 euros.

Durante la explicación del artículo que reúne este ámbito, y que es el número 1, el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, apuntó que «da respuesta a las necesidades inaplazables, tanto de la Generalitat como de determinadas entidades del sector público, y considera adecuado prever la autorización de los avales que están previstos para el 2019». El segundo punto de este apartado –donde se habla del Hospital Sant Joan de Reus–, añadía Aragonès, «hace referencia a las entidades del sector público», las cuales «tienen que pagar cuotas de amortización de operaciones financieras de préstamos que se han comprometido en el pasado».

Antes de finales de año

Según anunció Comella, la Generalitat asumirá, a través del CatSalut, el 100% de la gestión y la gobernanza del Hospital Sant Joan de Reus, tanto LES CABE como el resto de la atención primaria de Sagessa y también la empresa de servicios Ginsa. Lo hará a través de una nueva entidad, íntegramente pública y que tendrá que haber entrado en funcionamiento, tal como apuntó, «antes del 31 de diciembre del 2019». El CatSalut se hará cargo del déficit que genere el Sant Joan al cierre del ejercicio 2018, el cual tendría que formalizarse en pocas semanas. Residencias de abuelos, jardines de infancia y otros servicios de Sagessa –cuya parte sanitaria desaparecerá– quedan fuera del acuerdo, que sí que incluirá el Hospital de Cambrils y los CAP de Riudoms, l'Hospitalet, La Selva y Marià Fortuny de Reus.

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