Reus tendrá un protocolo para detectar conexiones ilegales

El pleno del Ayuntamiento de Reus aprobó ayer lunes, con el «no» de la CUP y la abstención del PP, una moción presentada por el grupo municipal de Cs sobre prevención de incendios en viviendas conectadas ilegalmente al suministro y que implicará que el consistorio «elabore un protocolo para detectar las conexiones ilegales en la red eléctrica en colaboración con las entidades vecinales que lo soliciten». La medida, según detallaba la concejala de Bienestar Social, Montserrat Vilella, facilitará que «los vecinos, cuando detecten alguna situación de riesgo, puedan hacer llegar el caso a quien sea competente».

El protocolo, tal como concreta el cuerpo de la moción, tomará forma «a partir de la experiencia piloto que se pondrá en marcha en una zona de la ciudad para después extenderla al resto» y «tiene que incluir cómo y a quién se tiene que derivar para que se puedan tomar las acciones pertinentes para evitar accidentes». Vilella rechazaba ayer, con todo, precisar en qué punto del municipio se pondrá en marcha esta experiencia. El Ayuntamiento recibió el 2018, según cifras aportadas el pasado 13 de diciembre, un total de 1.170 solicitudes de subvenciones para hacer frente a la pobreza energética. La concejala de Bienestar apuntaba ayer que el consistorio no dispone de datos concretos sobre el número de familias que sufren esta problemática. Los barrios Mas Pellicer o el Carme han denunciado últimamente de manera reiterada la presencia de personas enganchadas a la luz y que estas conexiones generan un riesgo de incendio, con la alerta añadida ahora del episodio de Badalona.

La moción de Cs resultó aprobada con hasta cinco enmiendas del gobierno, tres de las cuales consistían en añadir nuevos puntos al redactado. Las otras dos implicaban cambios en el texto. El documento prevé, entre las diferentes acccions, «instar a las compañías suministradoras de energía eléctrica a que elaboren un mapa que detecte los consumos excesivos de electricidad ocasionados por un uso irregular o ilegal de la red». En relación al protocolo sobre conexiones ilegales, la moción concreta que «si se identifica a familias que se encuentran en situación de pobreza energética, estos casos se deriven de forma inmediata a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para que, una vez analizados, se adopten las medidas oportunas para cada caso».

El portavoz de Cs, Juan Carlos Sánchez, aclaraba en el pleno que «no es la intención perseguir a la gente en situación de pobreza extrema», a quién decía que «tenemos que dar una respuesta». Vilella insistía en el escaso margen que la legislación vigente deja a los municipios. Por eso, los puntos cuarto y quinto de la moción se basan ainstar a la Generalitat y al Estado a abordar el desarrollo de la Ley 24/2015 de medidas para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y el Real Decreto 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética.

Los dos años de empadronamiento

El pleno aprobó una moción de la CUP, a excepción de un solo punto, para crear un protocolo con los bomberos del Parc de Reus para facilitar informes de vulnerabilidad con el área de Bienestar Social e interpelar y establecer una relación bilateral con la Alianza contra la pobreza energética para trabajar la problemática a nivel municipal. La moción también contempla que se proceda a redactar un plan local para hacer frente a la pobreza energética donde se haga un estudio por zonas y que, «en la medida en que sea posible», se deje de trabajar con las grandes empresas que no cumplen la normativa sobre cortes. Los dos años de empadronamiento para acceder a ayudas de pobreza energética se mantienen.